La asamblea de la Asociación de Magistrados del Uruguay aprobó una moción en la que se declara en conflicto por el tema presupuestal y anuncia que comenzará a aplicar una serie de medidas.
La resolución indica que “el conflicto actual no se limita a la aprobación de la ley de presupuesto, sino que refleja un problema estructural y persistente: el deterioro de las remuneraciones judiciales y la falta de reconocimiento del valor real del trabajo que realizan juezas y jueces en todo el país que es, además, una de las bases de la independencia”.
Se resolvió “colocar los problemas salariales en el centro de la comunicación gremial que es una de las bases de la independencia, afirmando que este conflicto trasciende la coyuntura presupuestal y se vincula con la necesidad de un sistema de remuneración justo, proporcional al esfuerzo y a las responsabilidades de la función judicial”.
La asamblea decidió “exigir a los poderes políticos del Estado que, dentro de un plazo de treinta días, establezcan un ámbito de negociación específico destinado a construir un sistema de remuneraciones que refleje de manera justa la relevancia de la función, las responsabilidades y el volumen de trabajo de juezas y jueces”.
Entre las medidas adoptadas, se establecen acciones “que no suponen distorsión de las actividades”. Una de ellas es “la comunicación directa del conflicto” en cada juzgado, que consiste en “relatar al inicio de cada audiencia la existencia del conflicto salarial, sus causas y el reclamo gremial, de forma breve y respetuosa”.
Además, “dejarán registro de las condiciones de trabajo a través de fotos y videos de los juzgados para mostrar las condiciones materiales en que se desempeña la labor judicial”. La resolución precisa que esto se hará “respetando siempre la privacidad y la imagen de las personas que no autoricen su difusión”.
Los magistrados realizarán asambleas en horario de oficina para “visibilizar el conflicto” y seguirán una “aplicación estricta de los plazos legales”. Esto implica que no tomarán medidas “de eficiencia procesal que supongan acortar etapas o anticipar actuaciones”.
Otras acciones incluyen la “suspensión programada de audiencias no urgentes, mediante la reprogramación o postergación de manera ordenada las audiencias que no revistan carácter urgente, informando con la debida antelación”.
Si no hay soluciones a sus reclamos plantean pasará a la “paralización de actividades no urgentes”, con «suspensión de todas las tareas que no impliquen riesgo de perjuicio inmediato para derechos fundamentales o procesos urgentes”.
La última etapa si no lograr respuesta a sus reclamos es la “paralización total con guardia gremial”. La resolución establece que “en etapa avanzada del conflicto, se dispondrá la detención total de las actividades, manteniendo una guardia gremial mínima para asegurar la atención de asuntos estrictamente urgentes”.
Está PERFECTO lo que piden y COINCIDO EN SU TOTALIDAD .
La pregunta que me hago es: ¿¿¿¡¡¡¡ ÉSTO NO EMPEZÓ AHORA , VIENE DESDE MUCHO ANTES (que ningunean a la justicia) y me llama poderosamente la atención de que :DURANTE EL GOBIERNO ANTERIOR BLANCO MULTICOLOR … «NI MU » DIJERON y así MUCHOS GREMIOS .
Igualmente sabemos que la paciencia tiene un límite para todo y hay cosas que debemos preservar.
Esto viene de mucho tiempo atrás. Más de 5 años,y mas de 15. Con una estructura judicial de una república bananaera, no es posible una convivencia democrática.