La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció el jueves pasado en los tribunales del fuero en lo penal económico a Susana Giménez por presunta evasión fiscal. AFIP la acusa de omisiones en su declaración juradas de Bienes Personales durante 2019 y le exige un monto que alcanza a 50 millones de pesos argentinos.
La conductora rechazó el monto exigido y sostuvo que no hizo “ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco”. Y aseguró que el impuesto es “confiscatorio”.
“Acá no hubo ningún engaño. Se trata de la judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso”, dijo a Infobae el contador y abogado de Susana Giménez, Cesar Litvin.
La denuncia, de delito con penas de prisión, está dirigida a María Susana Giménez Aubert y a quienes puedan haber sido “coautores, cómplices, encubridores o instigadores” de los hechos cometidos en beneficio de la contribuyente en perjuicio de Dirección General Impositiva. La acusan de haber “ocultado su realidad fiscal a través de la omisión de presentar la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2019″.
En el entorno de Susana confiaron a este medio que ella está al tanto y sigue el minuto a minuto de la situación junto a las personas que la representan legalmente.
Explicaciones de la diva
De acuerdo a las fuentes consultadas, en abril pasado Susana Giménez rechazó el planteo y ofreció pericia contable. También cuestionó las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.541, reglamentada por el Decreto Nº 99/2019, que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Según la conductora, el incremento de la tasa del impuesto sobre los bienes personales provoca la absorción de la totalidad de las utilidades generadas por sus bienes al 31 de diciembre de 2019. En su interpretación, con esas alícuotas, el impuesto a ingresar representaría el 126,22% de la renta producida por ella. Y si a eso se le suma el impuesto a las Ganancias, alcanzaría un 143,56 por ciento.
“Susana debería desprenderse de una parte de los ahorros de toda su vida capital para poder afrontar el pago del gravamen”, señalaron sus asesores. Debería desprenderse de bienes por más de 22 millones de pesos, evaluaron. Se cuestionó también la tasa agravada para los bienes en el exterior. En el descargo ante la AFIP, Giménez rechazó haber mentido en su declaración jurada o haber defraudado al Estado.
Pero la AFIP rechazó estas explicaciones y avanzó con la denuncia penal, en la que recordó que “el Régimen Penal Tributario establecido en el artículo 279 de la Ley 27.430 prevé en su artículo 1º la pena privativa de libertad para aquellos sujetos que evadan fraudulentamente el pago de los tributos nacionales, siempre que el monto evadido exceda la suma de un millón quinientos mil pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual.” La pena va de los tres años y medio a nueve años de prisión.
