La suspensión de las operaciones dejó inicialmente a unos 2,9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas. Un día después de que el Senado destituyera a Peña, un juez ordenó su prisión preventiva en la causa penal vinculada al colapso del banco.
La crisis de Ueno Bank pasó en cuatro días de las oficinas del Banco Central al Congreso y a los tribunales. El martes 3 de noviembre se anunció la intervención y quedaron suspendidos los servicios de la entidad. El viernes 6, el Senado separó del cargo a Santiago Peña por mal desempeño en sus funciones. El sábado 7, el juez Humberto Otazú ordenó que el expresidente cumpliera prisión preventiva en una unidad militar mientras avanza la investigación. El vicepresidente Pedro Alliana juró como presidente para completar el mandato hasta agosto de 2028.
La Fiscalía imputó a Peña por lesión de confianza y administración en derecho propio. Los investigadores sostienen que habría usado su cargo para influir en organismos estatales y mantener fondos públicos en Ueno, pese a que había sido accionista de la sociedad controlante. Según Reuters, Peña mantuvo esa participación hasta marzo de 2025. El expresidente negó haber cometido irregularidades y su abogado, Ricardo Preda, afirmó que se someterá a la investigación y que espera que la causa sea desestimada.
Una advertencia que se remontaba a junio
Antes del cierre, Ueno se había convertido en uno de los bancos de mayor alcance en Paraguay. El Banco Central autorizó en 2023 la transformación de Financiera Ueno en banco. La entidad se sumó luego a Visión Banco y expandió su negocio con servicios a través de una aplicación móvil. Para diciembre de 2025 tenía 2,7 millones de clientes y, según la calificadora FIX SCR, ocupaba el quinto lugar entre los bancos privados del país tanto en créditos como en captación de depósitos.
La Superintendencia de Bancos había advertido el 5 de junio de 2026 que Ueno debía adecuar a los límites legales sus créditos a empresas vinculadas con el grupo controlador. De acuerdo con el Banco Central, los registros societarios no revelaban por sí solos el vínculo entre las firmas que recibieron los préstamos y el grupo. Los supervisores revisaron las condiciones financieras de las operaciones y siguieron el recorrido de los recursos para establecer esa relación.
El Banco Central indicó que durante la revisión se deterioraron los indicadores de liquidez y aumentó la necesidad de constituir previsiones. Entre los motivos señaló deficiencias en la documentación de créditos y la contabilización como activos de servicios informáticos cuyo respaldo consideró insuficiente. Los ajustes a los estados financieros redujeron el índice de solvencia a menos de la mitad del mínimo exigido. El directorio aprobó por unanimidad el inicio del procedimiento de resolución el 2 de noviembre y lo comunicó al día siguiente.
El 29 de octubre, Ueno había anunciado un plan de capitalización por US$ 100 millones. La propuesta combinaba un aporte de US$ 50 millones del accionista controlante, previsto para noviembre, y una emisión por otros US$ 50 millones dirigida a inversores privados paraguayos. El banco presentó sus proyecciones de solvencia condicionadas a que se completara el plan. Cuatro días después del anuncio, el directorio del BCP resolvió intervenir la entidad con base en sus balances ajustados.
De la renuncia al juicio político
Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre. La Cámara de Diputados la rechazó y aprobó llevarlo a juicio político. Al día siguiente, el Senado rechazó el pedido de Peña de contar con una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa. Sus abogados comparecieron y cuestionaron el procedimiento. Preda sostuvo que el presidente carecía de injerencia en las decisiones del Banco Central y del Instituto de Previsión Social (IPS). Los senadores presentes votaron por unanimidad su destitución.
En la causa penal, el juez Otazú también ordenó prisión preventiva para Carlos Carvallo, quien renunció a la presidencia del Banco Central durante la crisis. Antes de asumir en el organismo regulador, Carvallo había presidido Financiera Ueno. La Fiscalía lo imputó por lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. En la investigación sobre la gestión del banco también fueron imputados ocho exdirectivos, con medidas cautelares que incluyen prisión preventiva y arresto domiciliario.
Los fondos públicos y la devolución de los depósitos
Entre los organismos con recursos comprometidos figura el IPS. Su director de Inversiones, Hugo Díaz, informó a EFE que la institución tenía US$ 355 millones colocados en certificados de depósito y bonos de Ueno, cerca del 9% de su cartera de inversiones. La entidad financiera también manejaba recursos de otros organismos públicos. La Corte Suprema de Justicia informó que Ueno tenía pendientes de transferencia unos 250,4 millones de guaraníes recaudados en concepto de tasas judiciales y registrales los días 2 y 3 de noviembre.
Además de esas inversiones, el IPS tuvo que resolver cómo pagar a unos 32.000 jubilados que cobraban a través de Ueno. El presidente del instituto, Derlis León, anunció que esas cuentas pasarán a ocho bancos de plaza y confirmó el 17 de noviembre como fecha para el pago de los haberes. El traslado de las cuentas atiende la continuidad de los pagos, mientras el instituto gestiona ante el Banco Central la recuperación de los recursos que había colocado en la entidad.
Para los ahorristas, la cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos alcanza hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad. Una primera etapa se dirigió a quienes tenían hasta 10 millones de guaraníes depositados, carecían de deudas con Ueno y disponían de una cuenta habilitada en otro banco o financiera. El segundo tramo abarcó depósitos de más de 10 millones y hasta 40 salarios mínimos, unos 121,7 millones de guaraníes.
La Ley N.º 7745/2026 habilitó un mecanismo de anticipo con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos. El Congreso aprobó la norma y Peña la promulgó el miércoles 4 de noviembre, al día siguiente del anuncio de la intervención. El Banco Central comenzó a ejecutar el primer tramo de pagos el jueves.
El presidente interino del Banco Central, Pedro Acosta, informó el sábado que entre el jueves y el viernes se habían transferido 996.000 millones de guaraníes, equivalentes a US$ 160 millones, a 1.196.000 personas. La recuperación de los saldos que exceden la cobertura sigue pendiente. Según el BCP, la Superintendencia trabaja en la compensación de activos y pasivos para proteger en lo posible esos fondos. De ese proceso depende cuánto podrán recuperar los depositantes por encima del límite de la garantía.
