Quise exponer mis piezas plásticas de la serie de Vidas Encajonadas en el Teatro Solís, me aceptaron y luego me censuraron exigiendo actualizar las obras al lenguaje inclusivo, aduciendo la existencia de una Guía del Lenguaje inclusivo, pero cuando se hizo la consulta, la Sala del Abogados del Congreso de Intendentes confirmó que no existía tal norma. Pedí una investigación para esclarecer los hechos y me respondieron que el censurador había afirmado que la censura era una invitación a un supuesto diálogo que también fue negado. Hice una demanda penal, y en Fiscalía cambiaron de argumento afirmando que la censura refería a normas de inclusión de las personas con discapacidades y un fiscal lo archivó considerando casi que la inclusión está por encima de la Constitución y que el abuso de autoridad del Código Penal es una figura muy vaga. Introduje la denuncia a la Institución de los Derechos Humanos, que me dió la razón afirmando que hubo censura y que la inclusión no está por arriba de los derechos de expresión constitucionales. Con esta nueva evidencia he exigido la continuación de la investigación en la Fiscalía, pero a la vez la IMM respondió que no compartía el dictamen ni las recomendaciones de acciones del INDDHH, que fue respondido por otro dictamen reafirmando la censura y negando legalmente que hubieran hecho una investigación. Con ello el tema derivó al Parlamento, donde el Diputado Felipe Schipani planteó en la Comisión de Educación que se analizara el tema y se me citó esta semana, pero por motivos de agenda se suspendió mi comparecencia. Allí tenía planteado este texto que propongo crear la figura del censurador e incluirla en el Código Penal. No puede ser que en Uruguay exista impunidad y se censure a la creación artística sin castigo. Esto no se puede repetir.
Declaración en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados: “Me presento ante ustedes, y agradezco ampliamente vuestra invitación, no sólo como un ciudadano particular que plantea reclamos en relación a la violación de sus derechos, sino como expresión de una voz colectiva que reclama que se establezca el delito de la censura, el imperio constitucional de la libertad de expresión y con ello responsabilidades para quienes realizan actos de censura. El Artículo 29 de la Constitución expresa que “Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”. Pero al no haber una ley o un artículo en el Código Penal específico que establezca castigos y responsabilidades, se facilitan actos de censura como el que se ha cometido. Los ciudadanos y la sociedad democrática requiere tener normas que velen y protejan la Libertad de Expresión establecida en la Constitución y los Tratados Internacionales. Una norma que ampare y desestimule estableciendo castigos para quienes realizan actos de censura. No puede ser que se carezca de una protección real efectiva a quienes sufren la censura, ni un castigo real a quienes realizan actos de censura y que se esconden en esos vacíos o vericuetos legales. Ello viola la propia libertad de expresión base de nuestra vida democrática, creando el riesgo de la autocensura u obligando a aceptar la censura por falta de herramientas de defensa de estos derechos y libertades. No todos pueden asumir el viacrucis que he tenido para protestar por la censura que me ha sido impuesta por las autoridades del Teatro Solís, no haciendo tenido respuesta en el ámbito administrativo ni en el ámbito de la Junta Departamental y con resistencias en la Fiscalía quien en primera instancia a archivado el abuso de autoridad aduciendo que es una figura jurídica muy amplia y genérica con muchas interpretaciones. Los intentos legislativos de derogar el abuso de funciones, hacen que la Fiscalía, se esconde en sus responsabilidades. Todo ello deja finalmente a las personas indefensas de la protección de sus derechos constitucionales de libertad de expresión y facilita los actos de censura como el que se ha cometido contra mí.
La censura fue claramente dictaminada y ratificada por la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), y nos trajo a este ámbito. Por lo anterior vengo a solicitar a ustedes que más allá de la situación, consideren legislar el amparo necesario legislativo de la libertad de expresión y el castigo de la censura, reglamentando el texto Constitucional. La Libertad de Expresión es un asunto de vital importancia en nuestra vida democrática como lo reafirma el INDDHH y se debe proteger y sancionar a los censuradores”.
