La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a enviar un mensaje directo a la Casa Rosada en medio del relanzamiento político del oficialismo tras la victoria electoral del 26 de octubre. Con el anuncio gubernamental de avanzar en la segunda mitad del mandato con tres reformas estructurales —laboral, tributaria y del Código Penal— la central obrera salió a marcar territorio y advirtió que no convalidarán modificaciones que vulneren derechos sindicales o impliquen pérdida salarial para los trabajadores.
El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, fue designado como interlocutor principal con el sindicalismo. Su primera misión será reunirse con el renovado triunvirato de conducción cegetista integrado por Jorge Solá, Christian Jerónimo y Octavio Argüello, tras una transición interna acelerada por el contexto. Ambas partes aseguran estar abiertas al diálogo, pero la advertencia ya quedó formulada.
“Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”, sentenció Jorge Solá en declaraciones recientes, en un mensaje directo al Ejecutivo.
Un debate que viene desde el inicio del Mileísmo
La discusión por la reforma laboral acompaña al gobierno de Javier Milei desde el primer día. Apenas asumido en diciembre de 2023, el Presidente firmó el Decreto 70/30, que entre múltiples disposiciones incluía un capítulo destinado a modificar aspectos centrales de la legislación laboral: límites a las indemnizaciones, cambios en la estructura sindical y facilidades para contrataciones temporales.
La CGT judicializó el decreto y consiguió frenar su aplicación, lo que marcó el primer choque pesado entre ambas fuerzas. Desde entonces, la relación se mantuvo tensa pero con canales de diálogo intermitentes que ahora, nuevamente, parecen reactivarse.
Lo que está en juego
En esta etapa, el Gobierno insiste en que flexibilizar la legislación generará empleo privado y mayor competitividad, destacando la necesidad de revisar convenios colectivos, sistemas indemnizatorios y regímenes de contratación. Pero en la CGT no todos piensan igual.
Solá fue tajante: la reforma laboral “no necesariamente genera trabajo genuino” y el foco —según su visión— debería estar primero en una reforma tributaria integral que promueva inversión productiva, no financiera. Para la central obrera, tocar la normativa laboral sin un esquema de redistribución o incentivo industrial solo precarizaría las condiciones de trabajo.
Jerónimo, otro de los integrantes del triunvirato, declaró en la última reunión del consejo directivo que la organización no está dispuesta a negociar “con la soga en el cuello”. Desde su perspectiva, cualquier diálogo deberá tener como piso la preservación de salarios, paritarias libres y representación sindical plena.
Expectativas y riesgos
En el oficialismo confían en que una mesa de diálogo evitará conflictos abiertos, pero en el movimiento obrero circula otro escenario posible: si no hay convocatoria formal o si la propuesta implica retrocesos laborales, podría reactivarse un plan de lucha que incluya movilizaciones y paros sectoriales.
Analistas políticos señalan que la negociación será clave para medir la capacidad de gobernabilidad del Ejecutivo en esta nueva etapa. Una CGT activa y cohesionada puede convertirse en el principal contrapeso social del Gobierno, y no solo en el plano laboral: su influencia territorial y su capacidad de movilización continúan siendo un actor determinante en la escena política argentina.
Por ahora, ambas partes observan el tablero y miden sus próximos movimientos. El Gobierno necesita avanzar para cumplir promesas de campaña; la CGT busca límites claros y garantías de que los derechos conquistados no serán materia de recorte. La advertencia quedó instalada. Y la frase de Solá resuena como un anticipo de lo que puede venir: “Si no hay diálogo, el choque es inevitable.”
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