La Legislatura porteña aprobó este viernes la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS), un organismo que dependerá de la Jefatura de Gobierno, con conducción civil y una fuerza de seguridad especializada para la custodia, traslado y control de personas privadas de la libertad.
La iniciativa —impulsada por el Ejecutivo porteño— obtuvo 54 votos a favor y tres en contra tras cinco meses de debate legislativo y negociaciones entre bloques que permitieron destrabar un acuerdo político para avanzar en un esquema local de ejecución penal. En la misma sesión, se sancionó por 55 votos afirmativos y tres negativos la Ley de Ejecución de la Pena, que habilita a la Ciudad a asumir por primera vez esa competencia plena. “Es histórico que tengamos nuestro propio Servicio Penitenciario, un paso clave para nuestro plan integral de seguridad y un hito para la autonomía porteña”, celebró el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras la votación.
Cómo funcionará el nuevo Servicio Penitenciario
El SPRS tendrá estructura jerárquica con un director general, un subdirector, y las áreas de:Seguridad Penitenciaria ,Diagnóstico y Tratamiento,Plan de Vida,Recursos Humanos. La fuerza estará integrada por agentes penitenciarios civiles armados, encargados de la custodia intramuros, el traslado de detenidos y la intervención ante incidentes bajo protocolos específicos de uso de la fuerza.
Como complemento, la norma incorpora un cuerpo interdisciplinario de reinserción, compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, educadores y equipos técnicos que elaborarán para cada condenado un Plan de Vida individual, orientado a reducir reincidencia mediante formación laboral, acompañamiento social y seguimiento pospenitenciario. Para el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, el avance es “un paso decisivo en la consolidación institucional de la Ciudad y un refuerzo del Sistema Integral de Seguridad Pública”.
La nueva Ley de Ejecución de la Pena introduce herramientas que fortalecen la dimensión restaurativa del proceso, al reconocer a las víctimas el derecho a reparación directa por parte del infractor, además de contemplar mecanismos de acompañamiento y mediación.
Con este marco, la Ciudad se convierte en el primer distrito del país —fuera del sistema federal— en organizar un servicio penitenciario propio, lo que abre una transición compleja: desde la adaptación operativa del sistema judicial porteño hasta la transferencia progresiva de internos, establecimientos y competencias actualmente bajo órbita federal.
La implementación plena demandará infraestructura, profesionales especializados y presupuesto estable; el Gobierno porteño confía en que el nuevo esquema permitirá mayor control operativo y una política criminal con identidad propia.
¿Y? ¿A quien le importa acá?