La Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes que analiza el proceso de contratación del astillero Cardama para la construcción de los patrulleros oceánicos (OPV) continuará esta semana con una nueva ronda de comparecencias, en la que recibirá al contralmirante retirado Mario Vizcay y al contralmirante José Ruiz.
Según se informó a Diario La R, ambas entrevistas ya se encuentran agendadas. Mario Vizcay integró la Junta de Almirantes durante el período en que se evaluaron las propuestas de los distintos astilleros interesados en el proyecto y participó de las instancias de asesoramiento que culminaron con la recomendación elevada por la Armada.
Por su parte, José Ruiz no integraba la Junta de Almirantes en calidad de almirante al momento de la contratación, por lo que no participó de la votación correspondiente. Sin embargo, desempeñaba funciones como director de Material Naval. Actualmente, Ruiz ocupa el cargo de jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional.
Su comparecencia adquiere particular relevancia debido a que fue uno de los oficiales alcanzados por las sanciones administrativas aplicadas por la actual administración, en una decisión que también involucró al excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, y a otros jerarcas.
La semana pasada, la comisión parlamentria recibió al contralmirante retirado José Magliocca, quien defendió la actuación de la Armada Nacional en la evaluación de las ofertas y rechazó cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
Durante una extensa comparecencia, Magliocca —quien se desempeñó como director general de Material Naval y posteriormente como jefe del Estado Mayor de la Armada— explicó los fundamentos de la recomendación técnica que terminó colocando a Cardama como la opción preferente entre los astilleros evaluados.
Uno de los puntos centrales de su exposición estuvo relacionado con las características técnicas de la propuesta presentada por el astillero español. Consultado sobre las críticas que señalan que el proyecto constituía un prototipo sin antecedentes comprobados, Magliocca sostuvo que la iniciativa se apoyaba en diseños ya existentes.
Según explicó, el casco previsto para las futuras OPV uruguayas tenía antecedentes operativos en embarcaciones que navegaban en Kenia y Malta, aunque con algunas modificaciones estructurales menores.
Indicó que solicitó formalmente la participación de una sociedad clasificadora internacional para supervisar el proceso constructivo y que, además, propuso que inspectores de la Armada realizaran controles periódicos previas al inicio de las obras, durante la construcción, antes de la botadura y en las pruebas de mar.
Magliocca explicó que la intención era contar con presencia permanente de personal técnico uruguayo en el astillero. Sobre la reunión celebrada el 13 de junio de 2023 en dependencias del Ministerio de Defensa, a la que asistieron representantes de Cardama junto a autoridades de la Armada, Magliocca confirmó su participación en ese encuentro junto al entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, y al almirante Vizcay. Según relató, la convocatoria tuvo un carácter estrictamente técnico.
Entre los temas discutidos mencionó la incorporación de aletas estabilizadoras, modificaciones vinculadas a las lanchas rápidas embarcadas, la capacidad de la grúa y otros elementos operativos. También aclaró que la delegación de la Armada no permaneció durante toda la reunión y que se retiró una vez finalizado el intercambio técnico. Magliocca relativizó el alcance de esos cambios y señaló que varios de los elementos discutidos ya figuraban en ofertas y documentos previos presentados por el astillero.
Otro de los temas abordados fue la actuación del contralmirante retirado Gustavo Musso. Magliocca afirmó que el informe elaborado por Musso no estuvo disponible cuando la Junta de Almirantes realizó la evaluación de las ofertas y formuló su recomendación al comandante en jefe. Según declaró, conoció ese documento posteriormente, cuando ya había trascendido públicamente.
La comisión también indagó sobre la relación personal entre Magliocca y Gerardo Moreira, oficial retirado de la Armada y representante de Cardama en Uruguay.
Confirmó que ambos fueron compañeros de promoción en la Escuela Naval y mantuvieron una relación de camaradería a lo largo de los años. No obstante, sostuvo que informó formalmente esa situación a sus superiores una vez que comenzó el proceso de incorporación de las OPV.
Según relató, comunicó por escrito al entonces comandante en jefe Jorge Wilson que Moreira actuaba como intermediario de Cardama y manifestó su disposición a apartarse de cualquier función vinculada al proyecto si se entendía que existía algún impedimento ético o administrativo para continuar participando.


La comisión está perdiendo el tiempo, saben bien a quien llamar y que cante la justa.
Señores déjense se seguir perdiendo el tiempo y dedíquense hacer leyes productivas para el pais, dejen que la justicia se pronuncie sobre esto que a todas luces es una estafa el estado Uruguayo y los responsables deben ir presos por delincuentes y traidores
Si Uruguay fuese tan digno y justo, como suele jactarse, debería adoptar de una buena vez, la figura del Derecho Internacional: «DEUDA ODIOSA» y abandonar el Coloniaje Moderno y sus fraudulentos «Arbitrajes Internacionales»
Deuda odiosa, deuda execrable, deuda ilegítima o deuda injusta, en Derecho Internacional, es la teoría jurídica, puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia, que sostiene que la Deuda Externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente. En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales debiendo responder quienes las hayan contraído a título personal —sea el monarca, el presidente, el director del banco central nacional o los ministros correspondientes— y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos. En algunos aspectos, el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.
Esta doctrina está presente en la discusión sobre la obligación de pago de la deuda externa en aquellos países donde han existido dictaduras, monarquías absolutas, gobiernos no representativos e incluso gobiernos elegidos democráticamente que han contraído deudas a espaldas de sus ciudadanos, sin su consentimiento y con fines de enriquecimiento personal, enriquecimiento corporativo, para la represión social y política y, en todo caso, contra los intereses de los propios ciudadanos.»
Están estirando el tiempo con la esperanza de volver al gobierno y tapar todo. Debe ir directamente a la justicia, déjense de joder, no ven que les están haciendo perder tiempo en esto y no en lo que tienen que hacer con el programa del FA. Los mantienen distraídos. Son delincuentes y no es necesario las comisiones.
Ocurre que la justicia va a pedir declaraciones que ya las tienen adelantadas. A quien tienen que llamar ya saben a quien es y apretarlo para que cante como pudo haber aceptado lo que aceptó, me refiero a un negocio hipermillonario sin garantía….!! y con firmas notariales falsificadas…!! y al proveedor menos indicado de todos, e investigar condiciones extracontrato si las hubiere.