Esta afirmación ha sido hecha por el propio presidente de la AFA, Claudio Tapia. No obstante, es fundamental señalar que esta modificación estatutaria nunca fue presentada ante la IGJ para su correspondiente validación, lo que implica que, de hecho, carece de validez legal. Actualmente, están actuando como si fueran una asociación supervisada por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, cuando en realidad todavía están inscritos en la IGJ. No han formalizado su baja, ni han demostrado que han conseguido el alta en la Provincia, lo que indica que su mudanza a un territorio que consideran más favorable les permite continuar operando al margen de la ley sin enfrentar represalias.
En la sala de embarque del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, mientras espera su vuelo a Córdoba, Daniel Vítolo, actual titular de la IGJ, reafirma lo que había comentado días atrás durante una entrevista con TN en el programa «Sólo una vuelta más». Sus declaraciones son contundentes y llegan en un momento en que la AFA y la administración encabezada por Tapia, ya criticadas por la estructura del torneo de 30 equipos y por supuestos manejos poco claros, están bajo una intensa lupa mediática debido a la reciente sanción sin precedentes impuesta a Estudiantes de La Plata y su presidente, Juan Sebastián Verón, por la controvertida decisión institucional de realizar el pasillo a Rosario Central sin previo aviso.
«A través de diversas informaciones publicadas en los medios, se ha sabido que la AFA sostiene que ha cambiado su domicilio a la Provincia de Buenos Aires y que ahora está bajo la supervisión de la Dirección de Personas Jurídicas de dicha Provincia. Sin embargo, lo cierto es que no existe ninguna constancia formal de este cambio, por lo que, desde la perspectiva de la Inspección General de Justicia, la AFA sigue estando bajo nuestra jurisdicción. Resulta bastante extraño lo que ellos han afirmado», explicaba Vítolo a Clarín. La pregunta que inevitablemente surge es: ¿cómo es posible que la AFA, si efectivamente se inscribió en otra jurisdicción, logre evadir de tal manera los mecanismos de fiscalización que podrían ponerla en una situación legal complicada?
«En los últimos años, hemos observado un notable atraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de asociaciones civiles, fundaciones y sociedades comerciales, ya que muchos de ellos no han presentado sus balances de manera oportuna, o lo han hecho con considerable demora. La actual administración de la IGJ asumió hace casi dos años y, al revisar la situación, nos encontramos con un gran estancamiento. Por ello, decidimos llevar a cabo un inventario de todas las entidades que tenían deudas en cuanto a sus estados contables y optamos por implementar una moratoria. Será interesante observar qué sucederá cuando intenten presentar sus balances en junio del año que viene», detalló Vítolo, quien llegó a su cargo de la mano de Javier Milei y se encuentra bajo la tutela de Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia. Además, recordó que su primer contacto con la AFA fue cuando calificó como «irregular e ineficaz» la elección anticipada que resultó en la reelección de Tapia, subrayando la necesidad de una revisión más profunda de la situación.
