La Fiscalía de Bolivia ha ampliado la investigación contra la ex presidenta Jeanine Áñez por la matanza de Senkata de noviembre de 2019, incluyendo los cargos de genocidio, homicidio y lesiones graves, por unos hechos en los que perdieron la vida una decena de personas.
Así lo ha confirmado el ministro de Justicia, Iván Lima. Las acusaciones contra Áñez se enmarcan dentro de un proceso penal contra el que fuera general, Luis Fernando Valverde Ferrufino, así como contra otros altos cargos militares por los hechos que se produjeron en esta localidad de El Alto.
En plena crisis política después de que la oposición y una parte de que las fuerzas armadas no reconocieran un triunfo en las urnas del ex presidente Evo Morales, que fue cuestionado también por la Organización de Estados Americanos (OEA), miles de sus seguidores salieron a las calles a protestar.
Los episodios más conocidos de esa crisis son los de Senkata y Sacaba, donde las fuerzas del orden se emplearon con especial dureza, tal y como certificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó lo ocurrido de masacres. Una veintena de personas murieron y más de 200 resultaron heridas.
La fiscalía ha decidido ampliar las acusaciones contra Áñez por su responsabilidad directa en la emisión de un decreto presidencial firmado días antes de lo ocurrido en Senkata y en Sacaba en el que se eximía de sus actos a policías y militares durante la represión de las protestas.
Áñez, quien cumple una pena de prisión de diez años por incumplir la Constitución cuando se autoproclamó presidenta en el llamado caso Golpe de Estado, está procesada también por la designación irregular de su prima, Karina Leiva Áñez, como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), en 2020.
