La indignación política pierde credibilidad cuando exige explicaciones al adversario, pero evita mostrar las propias cuentas. El caso del edil Gonzalo Gómez abrió una discusión que no puede clausurarse con una sanción partidaria ni con el compromiso de devolver dinero. Lo que está en cuestión es cómo se administran y controlan los recursos públicos destinados a contratar asesores en la Junta Departamental de Montevideo.
La Comisión de Ética del Partido Nacional concluyó que Gómez contrató con fondos públicos a un asesor que no prestaba servicios. El Directorio resolvió suspender sus derechos partidarios por dos años y aceptó su compromiso de reintegrar los salarios correspondientes. Es una responsabilidad concreta, que debe tener consecuencias concretas. Pero también obliga a examinar los controles que permitieron esos pagos.
Hubo declaraciones, cuestionamientos y anuncios de revisión. Martín Lema pidió a ediles nacionalistas revisar contratos y pases en comisión. Por eso, el problema no puede describirse simplemente como una ausencia absoluta de palabras. El silencio más grave es el que persiste cuando las palabras no se convierten en una rendición de cuentas pública, detallada y verificable. Una revisión interna puede ser un comienzo; la ciudadanía necesita conocer sus resultados.
La pregunta alcanza a todos los ediles, sin distinción de partido: ¿a quiénes contratan, cuánto se paga, qué tareas realizan y cómo se comprueba su cumplimiento? La respuesta debería ser sencilla, accesible y estar respaldada por documentos. Nadie tendría que esperar un escándalo para conocer el destino de una partida financiada por los montevideanos.
Aquí no hay una vara de derecha y otra de izquierda. Hay una obligación común. El Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado deben someterse a la misma exigencia. Quien reclama austeridad debe demostrar cómo administra sus recursos. Quien invoca justicia social debe explicar qué servicio recibe la sociedad a cambio de cada remuneración.
La hipocresía aparece cuando la transparencia ocupa los discursos, pero no llega a las contrataciones propias. Cuando se discute durante días la conducta de un edil y se evita responder la pregunta que compromete a toda la institución: ¿qué garantías tiene el contribuyente de que cada asesor cobra por un trabajo efectivamente realizado?
Esto no significa atribuir irregularidades a todos. Significa exigir controles para todos. Precisamente quienes cumplen correctamente sus responsabilidades deberían encabezar la apertura de la información. Mostrar el trabajo de sus equipos contribuiría a distinguir las contrataciones justificadas de aquellas que requieren explicaciones o correcciones.
La Junta tiene que publicar, en un formato comprensible y actualizado, los nombres de los asesores contratados con estas partidas, sus remuneraciones, las funciones asignadas y los mecanismos de supervisión. También debe explicar quién autoriza los pagos y qué procedimiento aplica cuando no existe contraprestación. La autonomía para elegir colaboradores lleva consigo la responsabilidad de controlar su trabajo.
Los ediles ejercen una función de contralor sobre el gobierno departamental. Esa autoridad se debilita si no pueden ofrecer una explicación igualmente rigurosa de los fondos que administran. Fiscalizar exige aceptar la fiscalización.
El silencio de los corderos es esa comodidad política que permite reclamar respuestas hacia afuera y guardar reserva hacia adentro. No hace falta suponer un pacto para cuestionarla: alcanza con exigir que todas las bancadas abran sus cuentas.
Montevideo no necesita otra competencia de indignaciones. Necesita nombres, tareas, montos y controles. El dinero es público. Las explicaciones también deben serlo.
