El Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, encabezó la apertura del Ciclo de Actualización en Administración de Consorcios de Propiedad Horizontal, una actividad organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires (CPCECABA) que reunió a especialistas, administradores y profesionales del sector. El encuentro se desarrolló con el objetivo de revisar los principales desafíos que enfrenta el régimen de propiedad horizontal a una década de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado por la Ley 26.994.
Durante su exposición inicial, Vítolo subrayó que el reconocimiento expreso de la personalidad jurídica para los Consorcios de Propiedad Horizontal —incluido en el artículo 148, inciso h, del Código— constituyó “un verdadero punto de inflexión para la doctrina y la práctica profesional”. Señaló que esta definición, reforzada por el artículo 2044, introdujo obligaciones que todavía generan debate, particularmente en lo relativo a la llevanza de una contabilidad regular, auditada y registrada en libros rubricados. “El Código exige un cuadro verídico de las actividades y actos del consorcio, con identificación precisa de las operaciones y de sus cuentas deudoras y acreedoras, conforme a parámetros uniformes. Este mandato, que parecía meramente formal, terminó siendo un desafío operativo mayúsculo para administradores y profesionales”, afirmó.
La apertura estuvo a cargo de la vicepresidenta 2ª del Consejo, Miriam Roldán, quien destacó la relevancia de que los administradores de consorcios cuenten con una formación técnica sólida y actualizada. Remarcó que, en un contexto de mayores exigencias legales, resulta indispensable que los profesionales reciban asistencia especializada tanto en materia contable como en el cumplimiento de responsabilidades derivadas del régimen de propiedad horizontal.
El ciclo reunió a más de una decena de disertantes de trayectoria académica y profesional, distribuidos en paneles coordinados por Jorge Scampini, Oscar Fernández, Viviana Julis y Santiago Pontoriero, quienes abordaron cuestiones normativas, operativas y administrativas vinculadas a la gestión de consorcios en el marco del nuevo paradigma legal.
En uno de los pasajes más técnicos de su exposición, Vítolo recordó que el artículo 326 del Código Civil y Comercial establece que toda persona obligada —o incluso quien decida llevar contabilidad de manera voluntaria— debe confeccionar, al cierre de cada ejercicio, un estado de situación patrimonial y un estado de resultados, los cuales deben asentarse en el libro de inventarios y balances. Aclaró que esta disposición alcanza también a los consorcios, independientemente de su tamaño o volumen de operaciones.
Frente a estas exigencias, el titular de la IGJ adelantó que se establecerá próximamente una Mesa de Diálogo con representantes del sector, administradores, profesionales y especialistas, para analizar alternativas que permitan “establecer parámetros razonables y criterios uniformes” para aquellos consorcios de menor escala que consideren la posibilidad de solicitar la eximición de la obligación contable, amparándose en la última parte del artículo 320 del Código. Esa excepción, recordó, queda sujeta a la evaluación y competencia de cada jurisdicción local.
Vítolo también destacó los avances logrados mediante la Resolución General IGJ 15/2024, que habilitó a los consorcios a rubricar sus libros y registros contables ante la Inspección General de Justicia—aunque históricamente quedaban fuera de ese circuito—, y celebró la reciente aprobación del Decreto 487/2025, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional invitó a todas las provincias a replicar el esquema normativo implementado en la Ciudad de Buenos Aires.
Antes de finalizar, el Inspector General agradeció el acompañamiento del Consejo Profesional en la difusión, capacitación y actualización permanente de los administradores. “Necesitamos que el sistema funcione bajo reglas claras, homogéneas y profesionales. La responsabilidad que implica administrar un consorcio exige herramientas modernas y un respaldo normativo acorde a los desafíos actuales”, concluyó.
