La justicia laboral de Argentina ha asestado un nuevo revés al gobierno de Javier Milei. La jueza Moira Fullana, del fuero laboral, suspendió provisionalmente los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, con los cuales el Poder Ejecutivo buscaba imponer severas restricciones al derecho a huelga, una garantía fundamental de la Constitución Nacional.
La medida cautelar fue solicitada por la Central General del Trabajo (CGT), que argumentó la inconstitucionalidad de la normativa gubernamental. Según la central obrera, la reforma del régimen legal de huelga no puede llevarse a cabo mediante un DNU, sino que requiere una ley sancionada por el Congreso Nacional, el único órgano con función legislativa. La jueza Fullana validó este punto, señalando que «desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso tiene abiertas las sesiones ordinarias», lo que refuerza la verosimilitud del derecho a un debido proceso legislativo.
La CGT
Además del vicio en el procedimiento, la CGT hizo hincapié en que el decreto de Milei colisiona frontalmente con la legislación nacional e internacional con rango constitucional, incluyendo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La jueza reconoció que la normativa oficialista implicaba un «impedimento del ejercicio regular de los derechos emergentes de la libertad sindical».
El fallo de la jueza Fullana también desestimó los intentos del Gobierno de trasladar la causa al fuero Contencioso Administrativo. En sintonía con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, la magistrada ratificó que «no es sino la Justicia Nacional del Trabajo la que debe entender en una contienda en la que resulta inobjetable el contenido de derecho social».
Este episodio evoca un precedente cercano: el DNU 70/2023, emitido al inicio de la gestión de Milei, que también intentó avanzar sobre el derecho a huelga y cuyo capítulo laboral fue previamente rechazado por la Justicia Laboral. Si bien el Gobierno insistió en que el DNU 340/25 solo introducía a la Marina Mercante en un articulado ya modificado por el megadecreto anterior, la jueza Fullana recalcó que la validez de aquel DNU y las sentencias previas aún están pendientes de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión de la jueza Moira Fullana reafirma la independencia del Poder Judicial y subraya la importancia del debido proceso legislativo y el respeto a los derechos constitucionales en Argentina.
