En el Uruguay de 1986, un joven trabajador montevideano asistía al Liceo N.º 26, en la calle Joaquín Requena, para intentar terminar el bachillerato bajo la modalidad de exámenes libres. Era un sistema particular: los alumnos rendían materias en determinado día y horario, muchas veces sin conocerse entre sí. Los profesores registraban a los aprobados en un pequeño “cartoncito”, un documento que luego quedaba en las oficinas del antiguo Consejo Nacional de Educación (CONAE).
Aquel joven era Freddis Tassani. Casi cuatro décadas después, ese cartoncito se transformaría en el símbolo de un problema que todavía no logra resolver. Cuando años más tarde decidió continuar sus estudios en Chile, Tassani recibió en Uruguay una Fórmula 52, documento que acreditaba su escolaridad y le permitía formarse en el exterior.
En Chile cursó la Licenciatura en Arte y obtuvo su título. Su historia académica continuó durante décadas, pero el registro de uno de sus capítulos fundamentales quedó atrapado en un vacío documental que la propia administración educativa uruguaya ha reconocido como consecuencia de aquellos años de transición entre el antiguo CONAE y el actual sistema de educación pública, conocido como CODICEN-ANEP.
A sus 60 años, Tassani enfrenta una paradoja envuelta en un “vacío crítico documental”: tiene una licenciatura universitaria obtenida en el exterior, con una trayectoria laboral y educativa reconstruible, pero no logra obtener de Uruguay el certificado que acredite formalmente que terminó el bachillerato.
La ausencia de ese documento no es un problema meramente administrativo. Le impide presentarse a determinados llamados laborales del Estado y mantiene condicionados sus estudios actuales en la Universidad de la República. Un papel que el Estado debería conservar y poder reconstruir se convirtió en una barrera para trabajar, estudiar y proyectar su vida.
Esta es la historia de Freddis Tassani, una persona con discapacidad, producto de una enfermedad crónica degenerativa, que lleva más de un año reclamando ante los organismos públicos correspondientes para que reconstruyan su trayectoria educativa o emitan una resolución que le permita acreditar sus estudios.
Para Tassani, el tiempo dejó de ser una variable administrativa para convertirse en una urgencia personal. Siente que cada mes de espera representa una oportunidad menos para trabajar, estudiar y ayudar a su hija a mantener sus estudios. Al verse excluido del mercado laboral, su situación económica es crítica.
En 2025, comenzó a postularse a llamados laborales para personas con discapacidad, pero tropezó de nuevo con el mismo requisito: debía presentar el certificado de bachillerato. “Piden el bachillerato completo. Es un requisito que en mi caso es una limitante”, explicó.
La paradoja es evidente: el Estado uruguayo emitió en su momento la documentación que le permitió estudiar en el exterior, pero hoy no consigue encontrar el registro para acreditar formalmente que terminó la secundaria, sumado a la imposibilidad de apostillar su título chileno por falta de recursos. “Yo solicito al Estado uruguayo, no al chileno, que reconstruya mi historial académico acá para poder concursar”, insiste.
En mayo del año pasado, Tassani inició un recorrido por distintas sedes educativas, incluyendo el Liceo N.º 26. “Lo que me dicen es: ‘No aparece’, y para mí es una respuesta administrativa y jurídicamente insuficiente. ¿Qué posibilidad me brinda para postular a un empleo o para que el bachillerato sea reconocido como terminado?”, cuestiona.
Durante meses, la respuesta oficial fue que los documentos eran demasiado antiguos. “En el liceo me decían eso. En Inspección anotaron mi nombre y cédula en un papelito de colores”, cuenta, con una mezcla de ironía y resignación: “Me imagino que al salir de ahí hacían una pelotita y la tiraban al basurero”.
En abril de 2026 se abrió finalmente un expediente de reconstrucción. A partir de entonces, Tassani presentó diversos recursos administrativos para acelerar una resolución. “Pedí pronto despacho, después un recurso jerárquico para que la ANEP respondiera y luego un urgimiento, que es una intimación que apresura los plazos legales de la administración”, enumera. Por otro lado, solicitó acceso a la información pública para conocer si el organismo había utilizado anteriormente mecanismos similares ante pérdidas de documentación.
Su planteo es claro: si el Estado no encuentra el documento original, debe aplicar una alternativa administrativa. “Ante la imposibilidad del Estado de demostrar que no culminé, deben emitir constancias, reconstrucciones administrativas o resoluciones supletorias. Es lo que marca la normativa”, sostiene.
La falta de respuesta genera consecuencias concretas. Tassani asegura que perdió llamados laborales por no presentar el certificado. Uno de ellos ocurrió en el propio sistema educativo: “El Codicen cerró un llamado de administrativo grado 2. La misma administración que pierde la documentación es la misma que me impide postularme a trabajar en ella”, plantea.
El problema trasciende el ámbito laboral. Tassani cursa la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades (Udelar), pero lo hace de forma condicional. “Curso y rindo exámenes, pero no sé hasta cuándo ni cómo. La incertidumbre es sostenida en todos los aspectos de mi vida”, señala.
Por eso insiste en que no está pidiendo simplemente que alguien encuentre un papel perdido. “Todo lo que han hecho hasta ahora no resuelve el problema de fondo, que es la reconstrucción o la resolución supletoria. La han aplicado en otros momentos y dije que me sometía a que me tomaran el examen, no me importaba”, explica.
Para Tassani, el punto central es otro: no debería ser él quien tenga que demostrar, cuarenta años después, algo que la administración debía haber conservado. “Estamos hablando de que el Estado tiene la obligación de salvaguardar la documentación pública”, sostiene.
Mientras tanto, en esa discusión aparece nuevamente el tiempo. Desde que comenzó a reclamar hasta, la actualidad pasaron meses de expedientes, recursos, pedidos de información y nuevas esperas. “Yo ya he presentado todos los recursos que administrativamente se pueden presentar. Y no hay respuesta. Hay silencio absoluto”, afirma.
Como último recurso, fue hasta el tercer piso del edificio de la ANEP para solicitar una reunión con el presidente del Codicen-ANEP, Pablo Caggiani. Sin embargo, no fue recibido, lo que Tassani considera una violación al artículo 30 de la Constitución.
A los 60 años, con una discapacidad, esposa enferma y con una situación económica-laboral muy crítica, aquel montevideano que rendía examen a mediados de la década de los 80 para graduarse, se siente excluido y golpeado por el sistema.
El caso de Freddis no es aislado
El caso de Freddis Tassani expone expone con crudeza un drama burocrático de larga data en el sistema educativo uruguayo: el vacío documental originado durante la transición de la intervención del CONAE al actual Codicen-ANEP tras el retorno a la democracia. Esta realidad atraviesa a muchos uruguayos que se encuentran en una “zona gris” y sin poder resolver su condición académica.
Para intentar subsanarlo, el consejo maneja resoluciones basadas en el reconocimiento explícito del problema, como es el caso de la Formula 69. Sin embargo, muchas personas que se enteraron años más tarde de esa realidad que les afecta, denuncian que el proceso es lento, burocrático y “emocionalmente difícil”.
