Si el gobierno de Yamandú Orsi cree que ocupar espacios en medios de orientación conservadora le permitirá conquistar a sus audiencias, parte de un error,la exposición no garantiza confianza y la contratación de publicidad no modifica una línea editorial.
Una entrevista puede abrir una oportunidad para explicar una decisión. Un aviso puede informar sobre un servicio. Ninguna de esas herramientas asegura adhesión política. Confundir sus funciones lleva a gastar recursos sin resolver lo central: qué dice el gobierno, con qué claridad lo dice y cuánto respaldo encuentra ese mensaje en la vida cotidiana.
El Ejecutivo debe hablar con toda la sociedad, incluidos quienes no lo votaron y los medios que cuestionan su gestión. Esa apertura es una obligación democrática. El problema aparece cuando la búsqueda de esos espacios sustituye la construcción de una comunicación coherente.
El ciudadano no cambia de opinión porque escucha al presidente en una emisora de su preferencia. Evalúa argumentos, los contrasta con sus preocupaciones y observa si las decisiones responden a lo prometido. Una declaración ambigua seguirá siendo ambigua, cualquiera que sea el micrófono. Una explicación insuficiente no mejora por acceder a más público.
La pauta pública tiene una finalidad: informar a la población. No es dinero del gobierno ni del partido gobernante. Su distribución requiere criterios transparentes de audiencia, cobertura territorial, pertinencia, costos y eficacia. Cada organismo debe explicar cuánto invierte, dónde lo hace y qué resultados obtiene.
Tampoco corresponde premiar la afinidad editorial o castigar la crítica. Lo exigible es una distribución justificable, que contemple la diversidad de medios y evite que la concentración comercial determine por sí sola quién recibe recursos públicos. Los medios locales, comunitarios y de menor escala también llegan a ciudadanos que necesitan información estatal.
Si existe concentración de la pauta en grupos, el gobierno debe publicar los datos y explicar sus razones. La discusión necesita montos, contratos y criterios. Sin esa información, las sospechas crecen.
Orsi debe revisar la idea de que acceder a una audiencia equivale a convencerla. Para ampliar su respaldo necesita explicar prioridades, reconocer dificultades y sostener sus decisiones con argumentos comprensibles. La comunicación exige conducción y resultados.
La contradicción sería financiar una presencia costosa mientras se mantiene un mensaje débil, disperso o sujeto a aclaraciones. El problema es qué tiene para decir el gobierno y cómo responde por lo que hace.
La pauta estatal debe servir al ciudadano. La confianza política se gana con gestión, claridad y coherencia. Confundir ambas cosas sale caro y deja al gobierno sin una voz convincente.
