Se acerca el cierre de año y Uruguay vuelve a tropezar con la misma piedra: un sistema político que no se anima a decidir qué justicia quiere construir, mientras el delito avanza con una velocidad que las instituciones ya no pueden seguir. La discusión es vieja, los diagnósticos están escritos, los expertos repiten las mismas advertencias. Lo único que falta —y siempre falta— es voluntad política.
La realidad es incómoda, pero urgente de nombrar: el país vive con un Poder Judicial subfinanciado, una Fiscalía saturada y una Policía que investiga cómo puede, sin tecnología ni respaldo técnico suficiente. Por otro lado, el crimen organizado opera con más dinero, más logística y más métodos que el Estado. El resultado es conocido: la justicia llega tarde, mal o no llega.
Y mientras tanto, el sistema político juega a la estrategia chica. Se discute si tal partido cede, si tal bloque gana, si conviene tensar o aflojar antes de cada presupuesto. La justicia queda atrapada en esa trinchera parlamentaria donde lo urgente se sacrifica en nombre de lo conveniente.
Así no se construye un país: así se lo entrega.
En ese contexto, es imposible pasar por alto un hecho político que algunos prefieren maquillar, pero que habla por sí solo: el presupuesto asignado al Poder Judicial por el gobierno de Orsi es incluso más bajo que el del período anterior. No es solo un número: es un mensaje. Y el mensaje es claro: la justicia no es prioridad.
No se puede reclamar eficiencia cuando se financia el sistema con cuentagotas. No se puede pedir investigaciones serias sin peritos, sin laboratorios, sin juzgados equipados, sin más fiscales. No se puede esperar resultados distintos si cada año se recorta un poco más la capacidad del Estado para perseguir el delito.
Uruguay necesita una reforma y la necesita ya. No una reforma cosmética, no un plan piloto, no un acuerdo que se anuncia y se diluye. Una reforma real, con recursos reales, con metas claras, con independencia garantizada y con modernización profunda.
Y sobre todo, necesita que el sistema político deje de esconderse detrás de cálculos electorales.
Porque cuando la política no decide, decide el delito. Cuando el Estado se retrae, avanzan quienes no respetan la ley.
Cada año sin cambios es un año ganado por la impunidad.
Cerrar el año sin un acuerdo nacional sobre justicia no es omisión: es complicidad con el deterioro.
Uruguay merece un sistema que esté a la altura del presente, no anclado en los rezagos del pasado. Y ya no queda margen para seguir posponiendo lo impostergable.
