El debate sobre las reformas educativas en Uruguay se ha centrado en cuestiones de gobernanza como eje determinante de la viabilidad de las posibles transformaciones curriculares, de incentivos, de egreso, de calidad o de formación docente. El poder y el gobierno han marcado la predominancia de los diversos enfoques mostrando con ello que la educación ha sido espacio de lucha política e ideológica. Así, la discusión sobre la correlación entre los modelos de gobernanza y los resultados educativos, no se asocia a un enfoque teórico, ni incluso a la evidencia de la educación comparada internacional que ha permitido evidenciar cuales son los sistemas de gobernanza de la educación con los mejores resultados, sino a los objetivos de poder de los diversos actores políticos.
Sin embargo, es claro que hay una correlación entre las formas de gestión y los resultados. En el ámbito empresarial nadie duda que una empresa cooperativa es más ineficiente que una sociedad anónima. En lo político también se ha constatado la eficacia de formas ejecutivas frente a formas colegiadas y nuestra sociedad exploró y supero el Colegiado como forma de gobierno nacional respecto al régimen presidencial con 15 años de experiencia entre la Constitución de 1952 y la de 1967, cuando se introdujo esa forma constitucional de gobierno buscando cuotas de poder sectoriales en el enfrentamiento a Luis Battle. Sin embargo, en materia de educación algunos sectores, han sostenido un discurso de políticas públicas de colegialización por docentes y sindicatos como la mejor forma del gobierno para la educación. Discurso que han reforzado, sin evidencias empíricas que lo sustenten, con la cogestión y la autarquía educativa. No nos referimos a una autonomía administrativa y de descentralización de la gestión como lo establece la Constitución, sino a formas superiores, y no constitucionales, como la ausencia de auditorías, rendiciones de cuenta de calidad, falta de estándares sistémicos y de evaluación externa de los procesos educativos.
Estos enfoques provienen de la Constitución del año 1952 que impuso el colegiado en la organización del gobierno y en la gestión de las empresas públicas incluyendo la educación pública, lo cual llevo al país a un largo periodo de deterioro de su capacidad de gobierno, e impuso una gobernanza lenta, poco funcional, burocrática, clientelar e ineficiente por el bloqueo de las decisiones y la falta de capacidad ejecutiva. Ella creo una discusión entre presidencialismo y colegialismo, que fue finalmente descartada a nivel del Poder Ejecutivo cuando se reintrodujo el presidencialismo y se suprimió definitivamente el gobierno colegiado. Sin embargo, durante ese periodo y al amparo de esa constitución, se aprobó la autonomía de los entes educativos e incluso el cogobierno de la UDELAR. Se concibió que la participación era más importante que la eficiencia, que la gestión era una decisión política de negociación permanente y que las metas y los resultados eran objetivos secundarios de hecho. Desde entonces se sostiene que comenzó el deterioro.
Hoy se retoma este debate con el regreso del Frente Amplio y su intención de reestablecer los Consejos de Gobierno en la gestión de la educación pública de primaria, secundaria y formación técnica. Se cree, se espera que sea de buena fe, que ello puede promover mejor calidad con mayor participación de la comunidad académica, cuando se sabe que será una mayor injerencia de los sindicatos y las corporaciones docentes de los partidos. La realidad es que un modelo ejecutivo permite una implementación más rápida de políticas y mejoras en la calidad, y facilita que la innovación no quede bloqueada por las resistencias de intereses. También se sabe que es más eficiente en la gestión de recursos, permitiendo reacciones más rápidas a cambios externos y, potencialmente, menores costos operativos. Sin duda, el modelo de gestión colegial permite la inclusión de diversas voces y perspectivas en la toma de decisiones, e incluso fomenta un ambiente de colaboración y consenso, lo que puede mejorar la satisfacción de los miembros, y hasta el compromiso de profesores y estudiantes al tener voz en el proceso, pero también implica una lentitud en la toma de decisiones, y es ineficaz en situaciones que requieren respuestas rápidas. Igualmente, tiene enorme dificultad para llegar a consensos y las diferencias de opinión tienen de derivar en parálisis para encarar temas complejos. A diferencia, también el modelo ejecutivo aporta claridad en la responsabilidad, facilitando la rendición de cuentas al tener roles y funciones claramente definidos. Es claro que el modelo colegiado tiende al debate permanente, pero a la vez hacer creer a estudiantes, actores sociales y estudiantes, que están involucrados en el proceso decisional.
Sin duda, ambos modelos son vistos con ventajas y desventajas, y por ello se ha propendido a un equilibrio entre formas de total colegiado y total funcionamiento ejecutivo como el actual. Pero la política, parece indicar que pasaremos a un nuevo cambio hacia una dominancia de formas de colegialización política. Los votos ganan frente a la realidad técnica, pero, ganarán con ello los uruguayos que requieren una mejor educación.
Los sindicatos pueden y deben ser consultados pero sin olvidar que la ciudadania voto a un equipo para gobernar y no a los sindicatos