Félix Ulloa mantuvo una intensa agenda institucional en Uruguay, con encuentros con el presidente de la República, dirigentes de los partidos opositores, parlamentarios y empresas públicas. Mientras algunos referentes destacaron el interés por conocer la experiencia de seguridad de Nayib Bukele, el visitante afirmó que el gobierno uruguayo no le solicitó cooperación en esa materia. La agenda incluyó intercambios sobre tecnología, inteligencia artificial, educación, salud y relaciones bilaterales.
La visita oficial del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, a Uruguay expuso el interés que despierta la experiencia del gobierno de Nayib Bukele entre distintos sectores políticos uruguayos, aunque también mostró que la posibilidad de trasladar sus políticas de seguridad al país continúa siendo objeto de diferentes interpretaciones. Durante su estadía, Ulloa se reunió con el presidente Yamandú Orsi y autoridades del Poder Ejecutivo, pero también mantuvo encuentros con dirigentes de la oposición, legisladores y representantes de empresas públicas, en una agenda que combinó asuntos diplomáticos, cooperación tecnológica y conversaciones sobre la realidad regional. La agenda tuvo una característica política particular. Aunque Ulloa fue recibido por Orsi en la Torre Ejecutiva y mantuvo contactos con integrantes del Gobierno, no se concretaron encuentros formales con las autoridades del Frente Amplio como partido político. En cambio, el vicepresidente salvadoreño se reunió con referentes de la oposición, entre ellos el expresidente Julio María Sanguinetti, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el senador colorado Tabaré Viera.
La recorrida incluyó además reuniones con parlamentarios del Grupo de Amistad Uruguay-El Salvador y visitas a empresas e instituciones públicas, entre ellas UTE, Antel y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). En el área tecnológica, uno de los objetivos fue avanzar en un intercambio de capacidades y experiencias entre ambos países.
Ulloa agradeció la recepción del mandatario uruguayo y señaló que las conversaciones mantenidas con las autoridades nacionales habían permitido avanzar en una agenda común. En particular, expresó el interés de su país en acompañar las iniciativas que Uruguay promueva durante su presidencia del organismo regional.
La seguridad
La política de seguridad salvadoreña fue uno de los asuntos que atravesaron las conversaciones de Ulloa con los dirigentes políticos uruguayos. El vicepresidente explicó que, pese a la atención que despierta el modelo aplicado por Bukele, el tema no había formado parte de la agenda específica con Orsi. “Hasta la fecha les puedo asegurar que Uruguay no nos ha pedido absolutamente nada”, afirmó al ser consultado sobre una eventual colaboración del Gobierno salvadoreño para enfrentar la situación de seguridad en Uruguay.
Ulloa agregó que, si existiera una solicitud, su país estaría dispuesto a colaborar. “Nosotros nunca opinamos en ese sentido porque es cada país el que decide cuándo nos visita qué se puede aplicar o qué no se puede aplicar”, señaló Ulloa. Añadió que sería irresponsable que las autoridades salvadoreñas pretendieran juzgar los sistemas penal o penitenciario de otros países sin considerar sus características institucionales.
Encuentro con Sanguinetti y Ojeda
El expresidente Julio María Sanguinetti recibió a Ulloa en su residencia, en un encuentro en el que participó también Andrés Ojeda. El dirigente colorado recordó su trayectoria política y los cambios que atravesó El Salvador, desde los años de la guerra civil hasta la situación actual.
Durante el intercambio con Sanguinetti y Ojeda, Ulloa aludió a una proyección de crecimiento económico de 4,5% para El Salvador atribuida al Banco Mundial. También afirmó que su país destina recursos equivalentes al 8% de sus ingresos a educación y una proporción similar a salud. “Un pueblo sano y un pueblo educado es un pueblo libre”, sostuvo, al describir los objetivos que, según dijo, orientan la gestión de Bukele. Sanguinetti evocó, además, un comentario formulado por Orsi durante un encuentro anterior con un colaborador de Bukele. Según recordó, el presidente había señalado que aquella conversación le había resultado una experiencia que merecía ser analizada. Ojeda, por su parte, sostuvo que su interés por El Salvador no debía limitarse a los resultados en materia de seguridad.
Diferencias dentro de la oposición
El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también mantuvo una reunión con Ulloa, en un encuentro de carácter institucional destinado a intercambiar experiencias y perspectivas de gestión. Consultado por Diario La R sobre la experiencia de El Salvador, el diputado nacionalista Pablo Abdala planteó una posición más cautelosa. A su juicio, aunque el gobierno de Bukele pueda haber obtenido resultados relevantes en su país, eso no significa que el modelo sea directamente trasladable a Uruguay.
Abdala sostuvo que las diferencias culturales e institucionales entre ambos países son determinantes. En particular, señaló que Uruguay cuenta con una organización del poder basada en la separación de poderes, una Justicia autónoma y una sociedad civil con incidencia en los procesos de decisión. Esas características, afirmó, condicionan las posibilidades de reproducir estrategias que dependen de una concentración mayor del poder político. El legislador consideró que la búsqueda de respuestas ante la inseguridad puede llevar a algunos ciudadanos a mirar el caso salvadoreño como una alternativa rápida, pero advirtió que no necesariamente representa una solución aplicable a la realidad uruguaya. No obstante, Abdala distinguió entre la adopción integral del modelo y la posibilidad de estudiar medidas concretas. En ese sentido, mencionó las cárceles de máxima seguridad como un área en la que Uruguay debería avanzar. Recordó que el Gobierno anunció la construcción de dos establecimientos de alto riesgo, aunque sostuvo que todavía faltaba información sobre el grado de avance de esos proyectos.
El diputado suplente del Frente Amplio por la lista 1001 Claudio Arbesún dijo al Diario La R que la experiencia salvadoreña constituye un “producto comunicacional” que presenta como resultado exclusivo de la mano dura una reducción de los homicidios que, según afirmó, comenzó antes de la llegada de Nayib Bukele al poder. También cuestionó el estado de excepción y consideró que Uruguay debe desarrollar una política de seguridad basada en evidencia.
Arbesún planteó una visión crítica del modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele y advirtió que su eventual adopción en Uruguay implicaría desconocer diferencias institucionales fundamentales. En una entrevista con Diario La R, sostuvo que la experiencia de El Salvador se ha convertido en un “gran producto comunicacional” que atribuye los resultados en materia de seguridad exclusivamente a la mano dura, sin contemplar otros factores que, a su juicio, explican la evolución de la violencia.
Señaló que la izquierda uruguaya tiene una mirada crítica sobre el modelo salvadoreño y contrapuso esa experiencia con el camino elegido por el gobierno del Frente Amplio, que impulsa un Plan Nacional de Seguridad Pública con un enfoque integral, basado en evidencia y orientado tanto a las manifestaciones inmediatas de la violencia como a las condiciones estructurales que favorecen los mercados ilegales y la criminalidad. Uno de los aspectos que cuestionó es la forma en que se presentan los resultados de El Salvador. Según Arbesún, el descenso de los homicidios y de la violencia urbana comenzó antes de que Bukele asumiera la Presidencia. Además, señaló que existen interrogantes sobre el alcance real de esa reducción, porque, afirmó, no está claro si las estadísticas oficiales incluyen adecuadamente los homicidios cometidos dentro de las cárceles y aquellos atribuidos a las fuerzas de seguridad.
El legislador también sostuvo que las políticas aplicadas durante los primeros años del gobierno de Bukele no se corresponden necesariamente con el relato oficial centrado en la represión y las detenciones masivas. Citó investigaciones periodísticas salvadoreñas que, según indicó, han señalado la existencia de negociaciones informales con organizaciones criminales entre 2019 y 2022, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13) y facciones de Barrio 18, para reducir los niveles de violencia. “Muchas veces no se dice” que la disminución de los homicidios pudo haber respondido, al menos en una primera etapa, a esas negociaciones, sostuvo. A su entender, la comunicación del gobierno salvadoreño busca instalar que los resultados fueron consecuencia exclusiva de una estrategia de mano dura.
Definió al gobierno de Bukele como autoritario y sostuvo que existe un deterioro del Estado de derecho, de las garantías del debido proceso y de los controles democráticos. Como ejemplo, mencionó el estado de excepción vigente desde 2022, que, según explicó, restringe derechos y amplía las posibilidades de detención sin orden judicial previa ni presentación inmediata de cargos. También cuestionó la relación entre el Poder Ejecutivo salvadoreño y los demás poderes del Estado, así como las condiciones para el funcionamiento de la oposición política.
“Lo preocupante es que algunos sectores del sistema político lo tomen acríticamente”, afirmó. Para Arbesún, el modelo no puede separarse de las restricciones institucionales que lo acompañan, porque estas forman parte de las condiciones que hicieron posible su aplicación.
Consultado sobre los altos niveles de aprobación de Bukele, Arbesún reconoció que la población salvadoreña padeció durante años graves problemas de inseguridad y que el presidente logró construir un discurso que conectó con esas preocupaciones. Sin embargo, consideró que el respaldo popular debe analizarse junto con las limitaciones a la disidencia y las dificultades para la competencia política. En relación con las declaraciones del presidente Yamandú Orsi, quien había planteado que la experiencia salvadoreña debía analizarse, Arbesún dijo haberlas interpretado como una invitación a comprender por qué surgen estos modelos y consiguen apoyo social, y no como una señal de que Uruguay deba reproducirlos. “Si la izquierda no da respuestas alternativas, surgen estas recetas”, advirtió.
