“Las OPV son una prioridad nacional, pero no a cualquier precio ni condición”

El subsecretario de Defensa Nacional de Uruguay, Joel Rodríguez, afirmó que el actual gobierno “reconoce desde hace años la necesidad imperiosa de contar con patrullas oceánicas” (OPV) y aseguró que el país seguirá trabajando para cubrir esa carencia estratégica, “aunque el proceso actual presenta dificultades”.

En entrevista con el Diario La R, Rodríguez abordó el estado del contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir las OPV, y repasó las actuaciones del Ministerio de Defensa en relación con la garantía bancaria presuntamente fraudulenta presentada por la empresa. El jerarca defendió el accionar de la administración y remarcó que el objetivo del gobierno es “proteger los recursos del Estado uruguayo sin renunciar a dotar a la Armada de los medios que necesita”.

Un proceso bajo revisión

Rodríguez explicó que la elección de Cardama “estuvo teñida de una serie de imprecisiones e inseguridades” desde su inicio. Recordó que, incluso durante la anterior administración, el Frente Amplio había advertido sobre “desprolijidades” en el procedimiento de selección y en la ponderación de la oferta española.

“Hubo un único informe escrito, del contraalmirante Gustavo Musso, que sostenía que no era la opción más adecuada, y eso terminó en su renuncia”, recordó el subsecretario, quien consideró que todo el proceso “no generó la tranquilidad de estar frente a una propuesta sólida y transparente”.

El Ministerio de Defensa ordenó una investigación administrativa para evaluar el proceder de la administración anterior. Si bien la investigación aún no concluyó, Rodríguez adelantó que está “cerca de finalizar”.

Las garantías y el contrato vigente

Uno de los puntos más controvertidos ha sido el manejo de las garantías contractuales. Rodríguez confirmó que el contrato establecía la constitución de dos: una de reembolso —por unos ocho millones de euros (10% del total del precio del buque)— y otra de fiel cumplimiento del contrato—por unos cuatro millones (5% del total del precio del buque)—.

“La segunda se presentó con once meses de demora, pero la administración anterior la aceptó igualmente. Era una garantía por un año, renovable treinta días antes de su vencimiento. Sin embargo, no recibimos notificación de su renovación”, explicó.

Ante esa omisión, el Ministerio ejecutó la garantía para preservar los derechos del Estado. “Cuando se intentó cobrarla en el Reino Unido, se descubrió que la entidad emisora no existía en esa dirección por lo que todo indica que estamos frente a un intento de fraude”, sostuvo Rodríguez.

La investigación posterior, realizada con apoyo de un estudio jurídico en Reino Unido, arrojó “fuertes indicios de irregularidades”, lo que llevó al gobierno a presentar acciones administrativas, civiles y penales, sobre lo cual ya fue notificada la empresa Francisco Cardama SA.

Pese a este escenario, el contrato sigue formalmente vigente. “Se iniciaron acciones para su eventual rescisión, pero eso dependerá del curso judicial”, aclaró. El subsecretario confirmó además que el astillero “no ha paralizado la obra” y que la primera OPV debería entregarse a los 18 meses de la entrada en vigor del contrato, fijada en febrero de 2025 por lo que a esta altura no es posible establecer si el astillero incumplirá o no ese plazo.

Dificultades técnicas y evaluación constante

Consultado sobre el avance de las obras, Rodríguez reconoció que la construcción de las patrulleras “transcurre con ciertas dificultades” y “no está exenta de problemas”. Sin embargo, destacó que el Ministerio mantiene un seguimiento constante sobre la evolución del proyecto.

“El plazo corre desde febrero y aún hay tiempo para la primera entrega, pero hay elementos que generan preocupación”, admitió, sin entrar en detalles dada la reserva del contrato.

Rodríguez señaló que, aunque existe una voluntad inicial de rescindir el contrato con Cardama, el gobierno evaluará “cuál es la opción más adecuada para proteger los intereses del país”, incluso considerando alternativas que garanticen la continuidad del programa de patrulleras.

Prioridad estratégica

El subsecretario reiteró que las OPV son una “prioridad nacional”. “El Frente Amplio reconoce desde hace años la necesidad imperiosa de estas embarcaciones. No hay dos lecturas sobre eso”, subrayó.

No obstante, aclaró que “otra cosa es que no señalemos cuando hay cosas que no se hacen de la manera adecuada”.

Enfatizó que la preocupación del gobierno no es política sino técnica: “No hay animosidad ni intención destructiva. Lo que nos guía es hacer las cosas bien y cuidar los recursos del pueblo uruguayo pero no a cualquier precio ni en cualquier condición”.

De hecho, recordó que hay contratos firmados por la administración anterior “que nosotros vamos a tener que pagar y que estamos gestionando y llevando adelante, con las cuales no hemos tenido ningún problema y entendemos que van a llegar a buen fin”. Se trata, por ejemplo, de la compra de los aviones “Super Tucano” a la empresa Embraer de Brasil o los radares adquiridos a la empresa española Indra, contratos que fueron firmados en los últimos días de febrero de 2025, pocos días antes que asumiera el nuevo gobierno.

Agregó que, al igual que las patrulleras oceánicas, tanto las aeronaves como los radares, se consideran una necesidad reconocida y para la cual están previstos los fondos en la asignación presupuestal para los próximos años.

Consultado sobre si podría abrirse un nuevo proceso de adquisición en paralelo, indicó que “no hay nada definido”, aunque reconoció que “es una necesidad de primer orden que debe resolverse lo antes posible”.

También señaló que el diálogo con la empresa “siempre es posible”. “El diálogo forma parte de la naturaleza de este gobierno, pero dependerá del marco judicial en que se desarrolle”, explicó.

Un contrato bajo la lupa

Rodríguez detalló además que el mecanismo de pagos mediante carta de crédito irrevocable limitó la capacidad del Ministerio de Defensa para intervenir en los desembolsos. “Los pagos se ejecutan automáticamente una vez certificados los hitos por el banco español, lo que deja poca capacidad de control”, dijo. Respecto al respaldo del estado español al proceso, indicó que, en su momento, “la embajada de España en Uruguay presentó a Cardama como proveedor del Reino de España, pero el actual gobierno no ha tenido gestiones a nivel país-país, solo con la empresa”.

Rodríguez reafirmó que este gobierno y este ministerio “comparte plenamente de que las patrullas oceánicas son una necesidad de primer orden para lo que es el cuidado de nuestros bienes estratégicos y sobre eso no hay dos lecturas, lo que se diga distinto de eso no es verdad”.

Por último, remarcó la posición oficial sobre esta controversia: “La voluntad principal es rescindir el contrato, pero lo haremos con responsabilidad, garantizando los intereses del Estado y sin perder de vista la necesidad de contar con patrullas oceánicas operativas en el menor tiempo posible”.