La falta de autonomía de los centros educativos en los aspectos tanto académicos, docentes como administrativos, se constituye en una de las tragedias educativa en tanto limita la capacidad de respuesta y de acción frente a los infinitos problemas que se crean en su funcionamiento cotidiano. Su falta de libertad en la selección docente, desarrollo curricular, o acción pedagógica y especialmente en la gestión de los recursos administrativos y económicos deriva en una situación donde los centros educativos tienen atadas sus capacidades de gestión y de resolución de problemas. Estas debilidades en su libertad y autonomía de gestión, transforma sus funciones en meras terminales de la ejecución de decisiones y asignaciones desde los órganos superiores, quienes en general tomar decisiones no acordes a los particularismos, prioridades locales específicas o conocimiento de las realidades concretas de los centros educativos, y sobre todo retrasadas o erróneas. Esta realidad en el funcionamiento de los sistemas educativos públicos se expresa tanto en la centralización territorial desde Montevideo para todo el país, y como concentración de la gestión concreta en superiores, especialmente de Primaria, Secundaria, Técnico Profesional, Formación Docente o Udelar, frente a los centros escolares de las escuelas, liceos, centros de formación o sedes y regionales.
Esta realidad lleva a problemas de calidad y eficiencia que se requiere urgentemente una política de descentralización regional y de desconcentración de funciones que delegue y dote de mayor autonomía de gestión y de manejo de recursos a los centros educativos. Ello deriva de concepciones centralistas y concentradoras, de falta de capacidades locales, de marcos normativos y políticas de funcionamiento burocrático del Estado. En los últimos años ello la centralización se ha reforzado dado que las unidades centrales han pasado a tener más funciones y cometidos como la evaluación, la planificación, la estandarización, la virtualización o la internacionalización todo lo cual ha derivado en un aumento de las áreas centrales de los Entes educativos.
Esta realidad de concentración y centralización deriva en que en la base de la pirámide del sistema educativo, o sea en los centros educativos, dadas sus limitaciones de recursos y a la falta de delegaciones de atribuciones, su trabajo pasa a ser derivar sus cientos de problemas cotidianos hacia los ámbitos centrales, los cuales a su vez se saturan de expedientes y de problemas, no solo superando su capacidad decisoria, sino también entorpeciendo sus propio rol de formulación de políticas. Ellos concentran no solo las decisiones políticas y de regulación, de análisis en todos los niveles (macro, meso y micro) sino también la propia ejecución e instrumentación de las decisiones, y la asignación de recursos humanos y materiales. Además de ser la dirección superior es también el ámbito de ejecución, dejando a las unidades escolares muchas veces como meros espectadores, cuya función real se anula, y pasa a ser informar y avisar de los infinitos problemas que se generan en los centros. Los problemas y demandas suben la cuesta burocrática con tiempos y procesos decisionales imprecisos en el marco de una burocracia ”weberiana” que responde además a lógicas sindicales y corporativas haciendo aún más compleja la resolución de problemas. De hecho y de derecho, las unidades escolares funcionan son “disciplinadas” a esta lógica concentrada y centralizada como espectadores y de seguidores de expedientes a la espera de las soluciones o respuestas desde los ámbitos superiores a casi todos sus problemas. Al tiempo, arriba de la pirámide se concentrar miles de expedientes que se mezclan, pierden, agregan, solapan y dilatan, mientras las unidades escolares en el piso de la pirámide hacen lobbie continuo para que ellos avancen algún pasito en la cadena circular en la cabeza de la hidra.
La regionalización y desconcentración otorgando autonomía real a los centros educativos en su gestión, mediante una real delegación y separación precisa de funciones, es imprescindible. Más allá de la discusión de la gobernanza en los niveles superiores, de las orientaciones político educativas e incluso de los recursos, si no se encara una amplia delegación y poderes reales de acción en las unidades educativas, cualquier transformación educativa estará limitada. La autonomía de los centros y la regionalización ha sido colocada como parte de la segunda etapa de la transformación educativa en el Programa País de la Coalición Republicana. Sería realmente el inicio de un nuevo camino.
