Una de las “tragedias universitarias” es la existencia de “polizontes académicos” que refiere a docentes y estudiantes que por diversos caminos irregulares acceden a notas, certificaciones y reconocimientos profesionales sin realizar los mismos esfuerzos y trabajos que los demás. Como resultado de situaciones irregulares, ilegales u otras derivadas de normas confusas y desiguales, ellos consumen servicios, acceden a puestos o se benefician de resultados en condiciones especiales sin asumir los requisitos y exigencias que las otras personas tienen.
En el ámbito educativo hay diversas situaciones: desde copiarse en un examen y acceder a una nota sin el esfuerzo, estudiar en una institución que exige menos esfuerzo y calidad en su enseñanza pero otorga igual certificación, presentar como propios trabajos académicos que son realizados por la Inteligencia Artificial o directamente plagiar mediante copia y pegado de textos de internet o beneficiarse del acceso a cargos sin competir en igualdad de condiciones de los méritos. Los polizontes se gestan cuando existen irregularidades, laxitud de los controles o un diferenciado marco normativo de control y regulación, por el cual algunos grupos o instituciones universitarias permiten trayectorias académicas que no se pueden realizar en otras.
El basamento teórico desde el enfoque económico de los «polizontes educativos»; se apoya en el concepto de los «free rider» que refiere a quienes reciben un beneficio por utilizar un bien o un servicio, pero que aun estando en capacidad, evitan pagar o hacer los esfuerzos por acceder a ellos en igualdad de condiciones como las otras personas que si hacen los esfuerzos o tuvieron los gastos correspondientes. Son picaros que en economía se define como “viajeros sin billete”, que se benefician de quienes pagan y hacen los esfuerzos correspondientes, pero que a diferencia no asumen su cuota parte u otros costos asociados, pero sí se aprovechan de los beneficios. Si bien puede ser visto como un tema de ética personal y de acciones sin castigos, ellas impactan en la calidad de toda la educación, imponen diversos sobrecostos para todos y crean una competencia desigual y desleal en los mercados laborales o sociales que están reservados a quienes efectivamente han cumplido los requisitos.
En lo educativo remite a multiplicidad de normas laxas y a una falta de lógicas sistémicas que crean en sus intersticios, desigualdades reguladoras. Los principios de igualdad ante la ley y de idénticas condiciones de competencia que son la base del “ethos” educativo y de las certificaciones en los mercados profesionales, son alterados groseramente. La existencia de estos polizontes finalmente descansa en normas y prácticas que desvalorizan el esfuerzo, el trabajo y la competencia como base de la calidad y de los logros personales. Son prácticas contra el mérito. Existen múltiples ejemplos derivados de la ausencia de estándares mínimos de calidad y de funcionamiento de los sistemas educativos: carreras con distinta carga horaria y requisitos, distintos niveles de exigencias de formación de los docentes, normas casuísticas que permiten situaciones anómalas, niveles de flexibilidad diferenciados o desiguales exigencias. Por ejemplo, en Uruguay en el sector privado se debe tener maestría para cursar un doctorado, mientras que en el sector público ello no es obligatorio. Ello no refiere a distintos tipos de prestaciones, sino a brechas que crean desigualdades y que finalmente habilitan la existencia de polizontes educativos que hacen menos esfuerzos pero obtienen certificaciones con igual valor. También se engloban en estas situaciones currículos falsos o incluso ostentar títulos que se carece, como resultado de la ausencia de un registro de acceso público de todos los egresados universitarios.
También podemos referir a quienes se aprovechan o hacen menores esfuerzos para acceder a determinados puestos, como resultado de la endogamia en la selección docente que les otorga cargos no en base a los méritos ni con las mismas exigencias que a otros.
La existencia de “polizontes académicos” determina que el mercado y la sociedad no hacen una asignación eficiente acorde a los requerimientos necesarios de formación. Esta “tragedia universitaria” deteriora la calidad y la información y no sólo requiere una ley de faltas donde existan claros castigos a los polizontes, sino el establecimiento de lógicas sistémicas y estándares mínimos de la prestación de los servicios educativos y un control de la calidad de los procesos educativos. La ausencia de estándares mínimos de la oferta, iguales sistemas de evaluación docente, control de los trabajos académicos y del plagiarismo entre muchos otros elementos son necesarios como parte de la regulación para limitar y castigar los “polizontes académicos”.
