La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, compareció este miércoles ante la Cámara de Senadores para responder sobre el caso Cardama, el astillero español al que el gobierno acusa de haber cometido “fraude” contra el Estado uruguayo en el marco del contrato por más de US$ 90 millones para la construcción de dos patrullas oceánicas.
En el inicio de su exposición, Lazo afirmó que Cardama presentó una garantía falsa y calificó el episodio como una “flagrante y burda estafa” al Estado uruguayo. Sostuvo que el Poder Ejecutivo actuó “con firmeza y en defensa del interés público” al presentar una denuncia penal y rescindir el contrato, e insistió en que la documentación enviada a Presidencia el 22 de octubre fue falsificada y presentaba errores evidentes, como una fecha incorrecta.
La ministra cuestionó duramente a la oposición. Tildó de “impertinente” el planteo de quienes, según dijo, buscan instalar que el Frente Amplio tendría una postura adversa hacia la Armada Nacional. Según Lazo, la coalición republicana intenta generar “rispideces artificiales” entre la fuerza política y la institución castrense. Calificó ese discurso como “infeliz y peligroso”, y advirtió que puede resultar “desestabilizante” porque busca justificar “una gestión del pasado notoriamente reprochable”.
Asimismo, Lazo anticipó que parte de la información del expediente se encuentra bajo cláusula de reserva, por lo que no podrá ser divulgada durante la instancia parlamentaria.
Oposición
En respuesta, el senador nacionalista Javier García, miembro interpelante y exministro de Defensa durante la adjudicación del contrato a Cardama, centró parte de sus cuestionamientos en las filtraciones a la prensa vinculadas al caso. Aseguró que la emisora M24 “tenía la posta” en la difusión de documentos sensibles, incluyendo correos electrónicos enviados por la propia ministra y planos de las patrullas, lo que consideró “un atentado a la seguridad”.
García señaló directamente al asesor de Lazo, Damián Rojas, a quien identificó como accionista de M24. “Ahí pasaba la información, eran los de él”, afirmó. También mencionó que en la sala había un legislador con medios de comunicación propios, en referencia al senador Nicolás Olivera, dueño de la radio Claridad de Colonia.
Estos señalamientos motivaron una reacción inmediata en redes sociales por parte del senador Sebastián Da Silva, quien escribió en X: “Un tal Rojas resulta que es contratado de la ministra Lazo, pero además era dueño de M24. Típico de tupas”.
La interpelación continuó centrada en tres ejes: la responsabilidad política en la adjudicación a Cardama, las garantías falsas presentadas por la empresa, y el manejo —y eventual filtración— de información sensible sobre el proyecto de patrulleras oceánicas. El cruce dejó en evidencia la tensión entre el oficialismo y la oposición en torno a un caso que sigue bajo investigación penal y administrativa.
