Lazo reivindicó el compromiso ético de Defensa ante los pactos de silencio dictatoriales

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, emitió un enérgico pronunciamiento político y ético respecto a la búsqueda de los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay. A través de un mensaje audiovisual difundido en sus canales oficiales a pocos días de haberse conmemorado una nueva edición de la Marcha del Silencio, la secretaria de Estado afirmó de manera categórica que en su gestión al frente de la cartera no va a «mirar para el costado» ni a refugiarse en la frialdad de los expedientes administrativos ante las demandas de verdad que persisten en la sociedad uruguaya.

El posicionamiento de la jerarca se produce en un escenario de renovada deliberación pública sobre la política de derechos humanos del Poder Ejecutivo. A principios de mayo, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos mantuvo una audiencia con el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el propósito de exigir una orden formal y escrita a las Fuerzas Armadas para que suministren la información disponible sobre el paradero de las víctimas. Tras dicho encuentro, referentes del colectivo como Ignacio Errandonea manifestaron públicamente su disconformidad con los tiempos institucionales, argumentando que la conducción política postergaba definiciones urgentes. Asimismo, la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), Alicia Lusiardo, había recordado de forma reciente que los datos clave para resolver las excavaciones no requieren de grandes despliegues tecnológicos, sino de que el puñado de personas pertenecientes a las instituciones militares que planificaron y ejecutaron los enterramientos clandestinos rompa el hermetismo.

Memoria, Verdad y Justicia

Ante este trasfondo, Lazo recogió el guante y respaldó la dimensión histórica de la demanda civil, sosteniendo que «quienes tienen la verdad y no la dicen son enemigos de la unidad de la patria». La ministra argumentó que el ejercicio de la autoridad democrática sobre los mandos militares exige firmeza y sensibilidad histórica, y que no existen compromisos republicanos válidos si se continúan validando de forma implícita los pactos de silencio corporativos. En su declaración, enfatizó que su lineamiento estratégico apunta a la consolidación de unas fuerzas armadas consustanciadas con el orden constitucional, la transparencia y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía, asumiendo que frente al peso del silencio y las heridas abiertas del país no cabe la neutralidad estatal.