La nueva administración del Ministerio de Defensa Nacional viene enfrentando varios desafíos, entre ellos la definición del nuevo comandante de la Armada Nacional, el relevo del total del contingente que se encuentra cumpliendo una misión de paz en el Congo y la compra de patrullas oceánicas. Según anunció a varios medios la ministra Sandra Lazo, se suma la intención de modificar la ley de derribo de aviones.
El Poder Ejecutivo en 2020 ―bajo el gobierno de la Coalición Multicolor― aprobó el decreto reglamentario de la denominada ley de derribo. Este, establece un mecanismo “muy preciso para la protección del espacio aéreo uruguayo y que si bien tiene un objetivo disuasivo para ejercer la autoridad y la soberanía en los cielos del país, puede llegar a la ‘interceptación’ y ‘neutralización’ de naves que utilicen el espacio aéreo uruguayo en forma irregular, sin responder a advertencias que se realicen”. En ese entonces, la actual administración se manifestó en contra. Incluso el presidente, Yamandú Orsi, durante su campaña señaló querer “analizarla”, en el contexto de un encuentro organizado por la Cámara Española de Comercio.
“Estuvimos en contra cuando se votó. Pero no es ni político ni ideológico, es estrictamente una cuestión de legalidad, es una cuestión jurídica”, explicó ante críticas de la oposición. “Uruguay es parte del protocolo de Montreal que establece normas claras para la aviación civil, nosotros adherimos, firmamos ese convenio. Esta ley lo contraviene”, informó.
Actualmente, la ministra expresó a varios medios de comunicación que se transmitió a Estados Unidos la “voluntad” del presidente de modificar la normativa. Cuando el almirante Alvin Halsey del Comando Sur de Estados Unidos estuvo en Uruguay, este tema se puso sobre la mesa. Según expresó a El Observador, se realizaría una modificación vía decreto e informó que “hay varias propuestas muy serias de diferentes ámbitos”.
En ese sentido, en el programa Arriba Gente, Lazo detalló que tuvo la posibilidad de intercambiar sobre el tema con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Fernando Colina, quien le manifestó que los militares están “dispuestos a cooperar para la modificación”.
“Nosotros no estamos hablando de derogar la ley. Hay que modificarla, es una cuestión de terminología; subsanando eso, no hay ningún problema”, especificó.
Respecto a la seguridad y la señal que podría dar derogar la ley la ministra respondió: “La Fuerza Aérea tiene en su protocolo, de hecho lo ha realizado en varias oportunidades”. En ese sentido, aclaró que “no implica la desprotección del espacio aéreo”, dado que hay otras formas de actuar que se utilizan en la actualidad y que tienen que ver con ‘acompañar’ a la nave en cuestión e ‘invitarla a que se retire’’’. A su vez, considera que habría que explorar otras posibilidades, como considerar la adquisición de “tecnología adecuada”, que permita que se realice “seguimiento, se pueda recopilar información o se pueda proceder, sin tener que ir al derribo” de la aeronave.
En 2024 la entonces diputada Elsa Capillera, realizó un pedido de informes que arrojó que la ley se había aplicado 13 veces desde su entrada en vigencia, pero en ningún caso se llegó a la instancia de derribo.
Debate político
El senador y ex ministro de Defensa, Javier García, expresó a la prensa que es “una vergüenza” y puso en duda que se trate de algo “legal”. “Que el gobierno acepte el poder de veto de Estados Unidos sobre las leyes uruguayas, me parece indigno”, manifestó y agregó que “nosotros gobernamos en virtud de nuestros intereses”. Además, recordó que “Brasil tiene ley de derribo, Argentina la activa por períodos, Paraguay la discute y el Chile de [Michelle] Bachelet la impulsó”. “Si hay alguien que aplaude esto, son los narcotraficantes”, lamentó y explicó la aplicación de la ley, recordando a su vez, la compra de aeronaves con capacidad de cumplimiento de la ley. También, cuestionó: “¿Por qué no lo impugnaron en el referéndum de la LUC?”.
Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, aclaró En Perspectiva que “Estados Unidos no ejerce presión” y que hay un tema de “seguridad jurídica detrás”. En la misma línea que Lazo, expresó que “hay que cumplir con la obligación que asumimos a nivel internacional”. En ese contexto, explicó que Estados Unidos no nos vende armamento por la incompatibilidad de nuestra ley con la normativa internacional. “Se generó un debate político donde no debería, porque hay que ajustar la normativa nacional a la internacional”, concluyó.
Ya no sabemos qué creer sobre eso del cumplimiento de » las normas internacionales» También los pasaportes decian que había que adecuarlos y ahora no los aceptan con toda razón
En Uruguay hemos visto que los narcos usan las avionetas para ingreso de la droga No dudamos que en todos los partidos políticos tengan aliados
Miren que jode García…. Porque no le dan un puesto en una isla solitaria del Atlántico sin Internet????
Yo tengo la curiosidad de saber si alguna vez se derribó algo