Juan Carlos López Mena ha mantenido interlocución con gobiernos de distinto signo. Durante la presidencia de José Mujica, su participación en las negociaciones posteriores al cierre de Pluna generó acercamientos y críticas dentro de la izquierda. Esa relación tuvo tensiones. Pero obliga a exigir que la cercanía entre poder político y poder económico tenga límites visibles.
El problema actual tiene hechos concretos. El Ministerio de Transporte autorizó en julio la explotación de la línea a Colonia Express. Buquebus recurrió esa decisión y pidió revocar o someterla a condiciones. Defender sus intereses es un derecho empresarial. Convertir esa defensa en un veto sobre la llegada de un competidor sería inaceptable.
La autorización ministerial no equivale a tener resuelta la operativa portuaria. Pablo Genta, presidente de la ANP, señaló que faltan la condición de operador portuario en Montevideo y una solución segura para el deteriorado muelle Maciel. Colonia Express cuestiona las demoras y sostiene que enfrenta obstáculos estatales. Son posiciones enfrentadas que requieren documentos y decisiones.
La seguridad debe cumplirse. Precisamente por eso, la ANP tiene que publicar qué exigencias están pendientes, cuándo fueron notificadas y qué alternativas permitirían superarlas. Un requisito técnico necesita fundamento comprobable; una demora necesita explicación. Si el Estado habilita una ruta, debe coordinar las condiciones para que esa autorización pueda concretarse.
El pontón utilizado para desembarcar vehículos introduce otra cuestión: hasta dónde puede depender el acceso a una infraestructura portuaria de un equipamiento perteneciente a quien ya opera. La propiedad privada merece respeto. La autoridad pública debe asegurar una solución compatible con la competencia.
Para el Frente Amplio, el asunto tiene una carga política adicional. Una fuerza que reivindica el interés colectivo debe demostrar que ningún empresario dispone de una consideración capaz de desplazar los derechos del usuario. No alcanza con anunciar inversiones ni con celebrar nuevos barcos: también hay que abrir oportunidades bajo reglas claras.
La controversia no prueba un favoritismo del gobierno hacia López Mena. Plantea una obligación de transparencia que el Ejecutivo debe atender. Los pasajeros merecen opciones y el país necesita conectividad sin barreras injustificadas.
Orsi debe exigir una resolución fundada, con responsables y plazos. Si existen impedimentos, que se expliquen; si tienen solución, que se ejecute. El Río de la Plata conecta dos países. No puede quedar encerrado en los intereses de una empresa.
