La sesión de Diputados inició con la presentación de los informes en mayoría y minoría de la comisión investigadora, así como la intervención del denunciante, Felipe Schipani (Ciudadanos).
Alfonso Lereté destacó que la investigadora que presidió pudo confirmar que hubo una maniobra orquestada por la cúpula sindical con la falta de controles de las autoridades de la enseñanza.
Lereté repasó la creación del grupo parlamentario a instancias de las denuncias del diputado Felipe Schipani (Ciudadanos) y planteó que hubo desprecio a los legisladores de la coalición y desidia de las ex autoridades cuando fueron convocados.
El legislador indicó que las licencias por motivos gremiales se justificaban en el artículo 70.10 de un convenio que nunca se aprobó, señalando que se creía que el docente Marcel Slamovitz era un caso aislado, pero que se utilizóa la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) para justificar las ausencias de 120 docentes.
El parlamentario presentó en sala documentación que entiende demuestra las «omisiones, engaño y estafa» que configuran conductas con apariencia delictiva.
Además, Lereté indicó que los representantes de la oposición no trabajaron, estando omisos en sus responsabilidades de contralor, exhibiendo una foto de una sesión de la investigadora en la cual solo se encontraban los diputados del oficialismo y un testigo.
El informe mayoritario concluye con una resolución, expresando: Reivindicar el instrumento de la comisión investigadora como mecanismo de control parlamentario, para dilucidar las presunciones de irregularidades e ilicitudes, de acuerdo a la Ley Nº 16.698, de 25 de abril de 1995, y al artículo 66 de la Constitución de la República.
Establecer que de la denuncia presentada, actuaciones realizadas, estudios de información y prueba documental y testimonial agregadas, puede determinarse la existencia de irregularidades, omisiones y presuntas ilicitudes por parte del Consejo de Educación Secundaria y de la cúpula de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FeNaPES).
Remitir al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública todas las actuaciones correspondientes de la denominada “Comisión Investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FeNaPES) por parte del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015-2019”, ante las eventuales irregularidades administrativas que pueden corresponder.
Remitir a la Junta de Transparencia y Ética Pública todas las actuaciones correspondientes de la denominada “Comisión Investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FeNaPES) por parte del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015-2019”, a sus efectos.
Remitir a la Fiscalía General de la Nación todas las actuaciones correspondientes de la denominada “Comisión Investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FeNaPES) por parte del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015-2019”, a sus efectos
En minoría
El informe en minoría fue presentado por el diputado Enzo Malán (PS) quien comenzó su intervención señalando que los gremios de la enseñanza se encuentran movilizados contra la persecución sindical.
Malán planteó que «no hay verdades en las fantasías de la coalición», cuestionando la comisión investigadora y recordando que durante 2021 la comisión contó con 14 sesiones, recibiendo la declaración de 25 testigos, de 37 invitaciones enviadas, pero que se extendió el plazo y señaló que había “visos de irregularidad” en la actuación del grupo parlamentario.
Según el informe minoritario, hay varias medidas que se aconseja tomar:
«La minoría integrante de esta Comisión investigadora entiende, por lo expuesto en este informe, que no existen elementos probatorios que habilite envío de los obrados emanados de los 372 días de funcionamiento de la presente Comisión a ninguna dependencia del Estado. La instancia investigativa contó con sobrada evidencia para justificar el archivo de la misma sin medidas posteriores. La evidencia recabada deja claro que no es la Fiscalía General de la Nación el destino de la Comisión investigadora.
Destacamos a su vez la autonomía de los entes, y reivindicamos la separación de poderes junto a los distintos organismos y dispositivos que le dan garantías.
Entendemos que es la ANEP el ámbito natural para dirimir y abordar la situación y en el ejercicio honesto de nuestro lugar como Representantes respetamos los procesos que allí se están llevando adelante con la confianza que los mismos cuentan con las garantías previstas por la ley y sin ningún lugar a incidencias, directas o indirectas, por parte del ejercicio de la Comisión investigadora que hoy nos convoca.
Nobleza obliga a situar una alerta, una advertencia para futuros escenarios posibles.
Hemos sido parte, la totalidad de la Cámara de Representantes, de una Comisión Investigadora generada de forma improcedente, que ofició por fuera de sus potestades, que violentó a particulares, ciudadanas y ciudadanos vulnerando sus derechos y exponiendo información sensible de su vida privada que nada tenía que ver con el objeto a investigar».
Las 50 pruebas
Schipani recapituló la existencia de cincuenta pruebas que demuestran la existencia de una maniobra llevada a cabo por la cúpula sindical, para que docentes gremialistas gozaran de licencias sin afectar el cobro del presentismo.
La primera prueba que el legislador de Ciudadanos exhibió fueron los “certificados falsos” utilizados en la tramitación de las licencias, señalando que completan un total de 280.
Para el parlamentario, los certificados no se remontan a 2015, año fijado por la Cámara, sino de años previos por lo que la “maniobra” se remonta a tiempos de la administración Mujica
Citó como ejemplo que el profesor Marcel Slamovitz tenía 800 horas para actividades gremiales, dejando cinco grupos sin clase en el interior y que el docente Mario Bango un tercio de horas lectivas
Reparó Schipani en que el 15 de junio 2017, exactamente hace cinco años, se le pidió a Slamovitz por parte de la Jurídica de la enseñanza que presentara copia del convenio que justificara la aplicación del artículo 70.10, pero no lo hizo.
“La pregunta es ¿dónde está el convenio?”, sostuvo el diputado. Tras la intervención de Schipani, el plenario entró en cuarto intermedio.
