Unidad frente a la agresión imperial y reclamo de actuación urgente de la Corte Penal y del Consejo de Seguridad

Ante una masiva concurrencia, el Paraninfo de la Universidad de la República fue escenario el pasado jueves del seminario “Agresión imperialista en Venezuela: retos y desafíos del derecho internacional”, una actividad impulsada por el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo, junto a decenas de organizaciones sociales, sindicales y políticas. El encuentro reunió a referentes del movimiento social, del ámbito académico y del derecho internacional, así como a representantes del gobierno venezolano, con el objetivo de analizar y denunciar lo que definieron como una agresión imperial sin precedentes contra Venezuela.

El seminario contó con la participación del cónsul de Venezuela en Uruguay, Pedro Sassone; del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala; y de los juristas Claudia Rocca (Argentina), Enrique Santiago (España) e Ismael Blanco (Uruguay).

La apertura del seminario estuvo marcada por un fuerte contenido político y simbólico. Desde la organización se agradeció a la Universidad de la República por ceder el espacio y se destacó el carácter plural y amplio de la convocatoria, que incluyó a la central sindical, organizaciones estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales, fuerzas políticas, medios de comunicación, entre ellos el Diario La R, y espacios culturales. Durante la presentación inicial se dio lectura a un Manifiesto por la Paz en América Latina y el Caribe, consensuado por las organizaciones convocantes. El documento denunció como una “agresión criminal, imperialista y colonial” la denominada “Operación Determinación Absoluta”, mediante la cual fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, a quienes se considera víctimas de un “secuestro” sin precedentes y actualmente “rehenes” cautivos en Estados Unidos. Según se afirmó, este hecho constituye una violación flagrante del derecho internacional y entierra el sistema jurídico construido tras la Segunda Guerra Mundial.

El manifiesto alertó además sobre el avance del fascismo a escala global, el quiebre de las normas internacionales, el uso de la fuerza como único principio rector y el peligro creciente para los pueblos de América Latina y el Caribe. En ese marco, se llamó a la unidad de los pueblos, al diálogo y a la defensa de la región como territorio de paz, rechazando toda forma de intervención y colonialismo.

Abdala: “Crisis civilizatoria global”

En su intervención, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, advirtió que la agresión contra Venezuela registrada el pasado 3 de enero constituye un punto de inflexión que expone una crisis civilizatoria global, marcada por el avance del imperialismo, la desigualdad extrema y el debilitamiento del derecho internacional. Sostuvo que la brutalidad de los hechos “no surgió de la nada”, sino que responde a un sustrato económico y político previo, basado en la concentración de la riqueza y el poder. Citó declaraciones de Donald Trump, en las que habla de una “transición” tras la “abducción imperialista”, y en las que menciona 22 veces la palabra “petróleo” y ninguna vez la palabra “democracia”. También citó declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que Estados Unidos podría volver a actuar ejerciendo la violencia si Caracas no coopera.

Abdala afirmó que se está ante “una de las versiones más crudas y descaradas de formas de intervención que América Latina conoce desde hace décadas, propias de un imperialismo en declive”.

El dirigente sindical subrayó que el mundo atraviesa múltiples crisis —ambiental, climática, económica y social— que convergen en una estructura profundamente injusta. En ese marco, citó datos de Oxfam para señalar que la riqueza de los milmillonarios crece a un ritmo muy superior al de los ingresos de la mayoría de la población, mientras 4.000 millones de personas enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. “De un lado están la vida y los derechos; del otro, los privilegios, la guerra y la ley del más fuerte”, afirmó.

Abdala vinculó estos procesos con la histórica política intervencionista de Estados Unidos en América Latina, desde la Doctrina Monroe hasta las intervenciones militares y golpes de Estado en la región. Señaló que el declive relativo del poder estadounidense frente al ascenso de nuevos actores globales incrementa su peligrosidad político-militar, especialmente en disputa por los recursos naturales estratégicos.

Finalmente, llamó a reactivar la conciencia antiimperialista, fortalecer la unidad del campo popular y promover la organización y la movilización social en defensa de la autodeterminación de los pueblos, la democracia y la paz en América Latina.

Sassone: “La democracia acosada”

El cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay, Pedro Sassone, afirmó que el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores constituye el punto más extremo de una estrategia sostenida de agresión imperial contra el país caribeño, basada en el chantaje, la imposición y la violación sistemática del derecho internacional. Sostuvo que lo ocurrido el 3 de enero “no fue un hecho aislado”, sino la continuidad de un proceso de guerra política, económica y comunicacional.

Sassone señaló que Venezuela atraviesa “uno de los momentos de mayor soberbia imperial y fascismo global”, caracterizado por la negación de la soberanía de los pueblos y la sustitución de la diplomacia por la fuerza bruta. En ese sentido, denunció la aplicación de más de 900 medidas coercitivas unilaterales, que afectaron gravemente la economía, el derecho al trabajo y las condiciones de vida de la población, sin interrumpir los procesos electorales ni el funcionamiento democrático.

El diplomático rechazó las acusaciones de dictadura y narcotráfico contra el gobierno venezolano, y afirmó que se trata de una democracia acosada, sometida a intentos de golpe de Estado, bloqueo económico y campañas de desinformación. Sostuvo que el futuro de Venezuela solo puede ser definido por su pueblo y llamó a construir una estrategia continental de solidaridad, en defensa de la paz, la soberanía y la libertad del presidente Nicolás Maduro. “El futuro de Venezuela lo decide el pueblo venezolano, cueste lo que cueste. Tienen el poderío militar, pero no tienen la voluntad del pueblo”, afirmó.

Santiago: “El objetivo son los recursos naturales”

El jurista español Enrique Santiago calificó la agresión contra Venezuela como un ataque frontal al derecho internacional y advirtió que la captura del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores constituye un crimen de agresión, así como una toma de rehenes, tipificada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En una conferencia grabada presentada durante el seminario realizado en el Paraninfo de la Universidad de la República, Santiago sostuvo que la actuación de Estados Unidos representa “un nuevo clavo en el ataúd del orden jurídico internacional construido tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial”.

El diputado español y especialista en derecho internacional señaló que la estrategia impulsada por el gobierno de Donald Trump desconoce no solo la Carta de las Naciones Unidas, sino también la propia legalidad estadounidense. En ese sentido, recordó que incluso sectores del Congreso y medios como The New York Times han denunciado reiteradas violaciones al Estado de derecho por parte del presidente norteamericano. “No hay interés alguno en la democracia ni en los derechos humanos; el único objetivo son los recursos naturales”, afirmó.

Santiago enumeró una cadena de ilegalidades cometidas contra Venezuela: el mayor despliegue militar en el Caribe en la historia regional, ejecuciones extrajudiciales, actos de piratería internacional con incautación de buques petroleros, amenazas abiertas a distintos países y la privación ilegal de libertad del jefe de Estado venezolano. Subrayó que el secuestro de Maduro y Flores se realizó sin ningún procedimiento de extradición, sin orden judicial válida y desconociendo la inmunidad soberana que protege a los jefes de Estado en ejercicio.

El jurista destacó las iniciativas internacionales en curso, entre ellas una presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU encabezada por figuras como Eugenio Raúl Zaffaroni y Baltasar Garzón, así como una comunicación ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen presuntos crímenes de guerra, de lesa humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario. Según explicó, los hechos ocurridos el 3 de enero encuadran en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU y en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma.

Finalmente, Santiago advirtió que la ofensiva contra Venezuela busca intervenir en procesos políticos y electorales no solo en ese país, sino también en Colombia, México y otros Estados de la región, mediante una estrategia de lawfare y coerción política. Llamó a defender el multilateralismo, la soberanía de los pueblos y la vigencia del derecho internacional para evitar que el mundo derive hacia “la ley de la selva” y un escenario de conflictos permanentes.

Rocca: “Respuesta colectiva desde los pueblos”

La jurista argentina Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas y de la Asociación Interamericana de Juristas, centró su intervención en un análisis estructural del actual orden internacional y en la gravedad que supone la reciente agresión contra la República Bolivariana de Venezuela como expresión de una deriva imperial que pone en jaque al sistema jurídico construido tras la Segunda Guerra Mundial.

Rocca sostuvo que el escenario global ya no se define por disputas ideológicas clásicas, sino por guerras económicas, tecnológicas y cognitivas, impulsadas por un poder concentrado que privilegia el extractivismo, la especulación financiera y el control del comercio internacional. En ese marco, señaló la pérdida de centralidad de las instituciones multilaterales, el desprecio por el derecho internacional y el avance de liderazgos autocráticos que reemplazan la ley por la fuerza.

La jurista advirtió que las nuevas estrategias de seguridad de Estados Unidos, presentadas recientemente, retoman la doctrina de la guerra preventiva y legitiman el uso de la fuerza letal más allá de las fronteras nacionales, bajo el pretexto del combate al narcotráfico y la seguridad hemisférica. Para Rocca, esta lógica habilita intervenciones militares, sanciones unilaterales y operaciones de desestabilización política que vulneran principios básicos como la soberanía, la no injerencia y el debido proceso.

En ese contexto, calificó la invasión a Venezuela, los ataques contra población civil, el pillaje de recursos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores como crímenes internacionales que violan la Carta de la ONU, las Convenciones de Ginebra y el Estatuto de Roma. Subrayó además que las sanciones económicas constituyen una forma de genocidio contemporáneo, al afectar directamente las condiciones de vida de los pueblos.

También llamó a dar una respuesta colectiva desde los pueblos, las organizaciones sociales y el campo jurídico para defender el derecho internacional, el multilateralismo y la autodeterminación, advirtiendo que el proyecto en curso es continental y que ningún país estará a salvo si estas prácticas se normalizan.

Por otra parte, informó que la Asociación Argentina de Juristas, junto a un amplio colectivo internacional de abogados y académicos, presentó acciones formales ante distintos organismos del sistema internacional para denunciar los crímenes cometidos por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

En primer lugar, explicó que se elevó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, solicitando la apertura de un examen preliminar conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma, por la presunta comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, atribuidos al presidente Donald Trump, a altos funcionarios de su gobierno y a quienes resulten responsables directa o indirectamente.

La presentación denuncia, entre otros hechos, el uso ilegítimo de la fuerza armada, ataques contra población civil, ejecuciones extrajudiciales, actos de pillaje y apropiación ilícita de bienes, así como la privación ilegal de la libertad del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, calificados como toma de rehenes en el marco de una agresión armada.

Asimismo, Rocca señaló que se solicitó investigar posibles desapariciones forzadas, dado que se desconoce el paradero de varias personas afectadas por las operaciones militares y navales desplegadas en el Caribe.

Además, anunció la presentación de un documento ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que será tratado en su próxima sesión en Ginebra, en el que se exige información inmediata sobre la situación y condiciones de detención de las autoridades venezolanas secuestradas, y se reclama el envío de misiones internacionales para verificar el respeto a los derechos humanos.

La jurista subrayó que estas acciones buscan impedir la naturalización de la violencia, denunciar la aplicación selectiva del derecho internacional y alertar sobre el peligro de que las sanciones unilaterales, los bloqueos y la guerra se consoliden como nuevas formas de genocidio contra los pueblos.

Blanco: Unidad popular y regional frente al imperio

El abogado uruguayo Ismael Blanco, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República e integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (CARIFA), aportó una mirada profundamente política e histórica al seminario, subrayando la necesidad de unidad popular y regional frente a la ofensiva imperial que hoy amenaza a Venezuela y a toda América Latina.

Desde una presentación marcada por su pertenencia a la universidad pública y a la tradición del movimiento popular uruguayo, Blanco recordó las luchas contra el fascismo, la dictadura y la impunidad, destacando que la defensa del derecho internacional no puede separarse de la memoria, la justicia y la movilización social. En ese marco, afirmó que la agresión contra Venezuela no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia que pone en riesgo a todos los pueblos de la región.

Blanco denunció las presiones diplomáticas y políticas ejercidas sobre Uruguay tras su postura crítica frente a la intervención en Venezuela, así como las advertencias provenientes de Estados Unidos ante el fortalecimiento de vínculos regionales y con China. Para el jurista, estos hechos confirman que el país también se encuentra bajo observación y que la soberanía no es una abstracción jurídica, sino un terreno de disputa concreta.

En el plano jurídico, sostuvo que el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores constituye un acto de agresión internacional, una grave violación de los derechos humanos y del Estatuto de Roma, y un ejemplo extremo de lo que definió como un “derecho penal del enemigo” trasladado al plano internacional. Alertó además sobre una crisis global comparable al ascenso del fascismo en el siglo XX, frente a la cual no alcanzan las normas si no existe organización y coraje político.

En su intervención, el jurista uruguayo Ismael Blanco advirtió que la agresión contra Venezuela debe entenderse como parte de una deriva peligrosa del sistema internacional, que calificó como la construcción de un “derecho penal del enemigo” a escala global.

Blanco sostuvo que desde hace décadas, y con mayor intensidad en lo que va del siglo XXI, las potencias hegemónicas vienen configurando un esquema en el que determinados Estados, gobiernos o pueblos son definidos previamente como “enemigos”, quedando fuera de la protección efectiva del derecho internacional. En ese marco, explicó, ya no se juzgan hechos concretos ni se respetan garantías básicas, sino que se criminaliza políticamente a quienes se apartan del orden impuesto.

Según señaló, el enemigo internacional pasa a ser aquel que no se alinea con el consenso geopolítico y económico dominante, al que se le atribuyen etiquetas funcionales —narcotraficante, terrorista, régimen ilegítimo— para justificar sanciones, bloqueos, guerras jurídicas y agresiones militares, incluso contra jefes de Estado en ejercicio.

El abogado remarcó que esta lógica implica la negación de principios fundamentales, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la inmunidad soberana, reemplazados por una práctica de fuerza que convierte al derecho en una herramienta selectiva del poder. “No se trata de errores o excesos aislados —advirtió—, sino de una forma sistemática de dominación que vacía de contenido al derecho penal y al derecho internacional”.

Blanco alertó que este modelo no se limita a Venezuela: alcanza a toda América Latina y a cualquier país que intente ejercer su soberanía política, económica o estratégica. Frente a ello, llamó a fortalecer la unidad de los pueblos, la solidaridad internacional y la defensa activa del multilateralismo como única barrera frente al avance de esta forma contemporánea de autoritarismo global.

Por último, reivindicó la solidaridad activa del pueblo uruguayo y llamó a fortalecer una respuesta colectiva desde la CELAC y los espacios multilaterales. Con referencias a Vietnam, Cuba y las luchas históricas de los pueblos, concluyó que solo la unidad, la valentía y la acción sostenida permitirán frenar una ofensiva que no distingue fronteras ni proyectos políticos.