Um informe del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) lanza una mirada crítica sobre la gestión económica del gobierno de Luis Lacalle Pou en nuestro pais.
El documento, elaborado por los investigadores Joe Sammut, Jake Johnston y Guillermo Bervejillo, compara el panorama económico bajo el Frente Amplio (2005–2020) con el actual, resaltando una serie de retrocesos en la reducción de la pobreza y la distribución del gasto social. Durante los gobiernos del Frente Amplio, Uruguay vivió un período de crecimiento económico sólido y progresivo, con una destacada disminución de la pobreza. El gasto social creció significativamente, alcanzando el 25.8% del PIB en 2020, y se implementaron políticas de transferencias monetarias que beneficiaron a más del 30% de los hogares del país. Esto permitió que la pobreza cayera de casi el 40% en 2005 a menos del 9% en 2019, logrando que Uruguay se posicionara como un modelo de éxito en América Latina, especialmente en términos de reducción de desigualdad.
Sin embargo, el informe señala que muchos de estos avances han comenzado a desmoronarse bajo la administración del Partido Nacional, liderada por Lacalle Pou, cuyo mandato comenzó en 2020. La pandemia de COVID-19 representó un desafío monumental para el gobierno, pero las decisiones políticas adoptadas durante este período han tenido un impacto negativo en los indicadores sociales, ubicando a Uruguay por debajo de la media de sus pares regionales.
Una de las principales medidas implementadas por Lacalle Pou fue la adopción de una estricta regla fiscal, que condujo a una reducción acelerada del gasto público. Entre 2020 y 2023, el gasto social disminuyó más de un 3% del PIB, y los programas de alivio por la pandemia fueron recortados antes que en otros países de la región. Además, la política monetaria fue endurecida prematuramente, con un aumento de las tasas de interés incluso antes de que terminara la crisis sanitaria global, lo que contribuyó a una recuperación más lenta.
El resultado de estas políticas se refleja en el aumento de la pobreza en Uruguay, que actualmente se encuentra por encima de los niveles previos a la pandemia. Además, la desigualdad de ingresos ha empeorado: mientras los más ricos vieron incrementos en sus ingresos reales, el 50% más pobre experimentó una caída del 16% en sus ingresos reales.
Otro aspecto destacado del informe es la restricción al crecimiento salarial y la limitación de derechos laborales bajo el gobierno de Lacalle Pou. A diferencia de los aumentos significativos en el salario mínimo y la creación de consejos salariales durante los gobiernos del Frente Amplio, en el mandato actual los salarios reales han tenido un aumento marginal de apenas un 3.1% desde 2020, con el salario mínimo real creciendo sólo un 1.7%, el ritmo más bajo desde 2004.
Los coautores del informe subrayan la diferencia fundamental entre los enfoques económicos de ambos gobiernos. Mientras que el Frente Amplio apostó por políticas redistributivas que impulsaron el crecimiento inclusivo, Lacalle Pou ha priorizado la austeridad, un enfoque que, según los investigadores, ha exacerbado las desigualdades y limitado las oportunidades para los sectores más vulnerables de la sociedad.
“Lo que podemos aprender del enfoque de política económica del Frente Amplio es que la redistribución de recursos y el aumento del gasto social no solo reducen la pobreza, sino que también contribuyen a la estabilidad económica, especialmente en tiempos de crisis”, afirmó Guillermo Bervejillo, uno de los autores del informe. Por su parte, Jake Johnston criticó las políticas de austeridad del gobierno actual, señalando que «muchas personas necesitan más apoyo en momentos de incertidumbre económica».
A medida que Uruguay se prepara para decidir su futuro político en las urnas este domingo, el informe del CEPR ofrece un análisis detallado de las consecuencias de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Lacalle Pou, contrastando estos resultados con los avances logrados durante el mandato del Frente Amplio. El debate sobre el rumbo económico del país está más vigente que nunca.
