Colombia enfrenta una serie de retos ambientales que deberán ser clave en la agenda de Gustavo Petro, quien fue elegido como presidente de Colombia. Cinco organizaciones que trabajan estos temas, entre esas Gaia Amazonas y la Iniciativa Interreligiosa para la Protección de los Bosques Tropicales (IRI Colombia), realizaron un análisis para eld iario El Espectador de Colombia sobre las propuestas ambientales que Petro presentó en su plan de gobierno antes de primera vuelta.
Las organizaciones determinaron tres ejes temáticos que se deben priorizar: cambio climático y pérdida de biodiversidad; protección de líderes ambientales; y, por último, un plan claro para la protección de la Amazonia, incluyendo medidas para mitigar la deforestación. Y los clasificaron en cuatro categorías: se desarrolla, se desarrolla parcialmente, se menciona, pero no se desarrolla, y no se contempla. Esto ha mencionado Petro sobre cada eje.
1) Cambio climático y pérdida de biodiversidad
Esta temática se desarrolla en su plan de gobierno. Petro propone cumplir con los acuerdos suscritos por Colombia en las cumbres climáticas, entre las que están, por ejemplo, el Acuerdo de París, y delimitar áreas de Colombia con riesgo alto a ser vulnerables al cambio climático como áreas de reserva y protección ambiental. También habla de programas de captura de carbono, pero específicamente en la Amazonia, región en la que, además, quiere crear un pacto nacional con alcance regional y global por su defensa. El programa de gobierno también busca proteger y preservar ecosistemas estratégicos con base en procesos organizativos, y suscribir acuerdos comunitarios para la regeneración, restauración y preservación de ecosistemas.
A ojos de los expertos, lo bueno de este plan de gobierno es que reconoce el vínculo entre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, menciona la necesidad de impulsar transformaciones hacia un modelo de desarrollo sostenible que cada vez dependa menos económicamente de los combustibles fósiles, y propone liderar una agenda climática en el ámbito internacional. Lo malo, en cambio, es que, aunque se propone ordenar el territorio a partir del agua, no menciona la necesidad de conectar los ecosistemas a través de otros corredores e ignora que, actualmente, se necesita regular los incentivos a la conservación, como el pago por servicios ambientales y los programas de reducción de emisiones causadas por la deforestación y degradación de los bosques. Una regulación sólida de estos mecanismos exige garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales.
2) Protección de líderes ambientales
Según la ONG Global Witness, en 2020 y 2021 Colombia encabezó el listado de los países más peligrosos para los líderes ambientales. De los 227 líderes que fueron asesinados en el mundo durante 2020, 65 eran de Colombia, lo que corresponde casi a un tercio del total. Uno de los tratados internacionales que busca proteger a estos líderes ambientales, es el Acuerdo de Escazú que, además, busca que las comunidades puedan garantizar el acceso a la justicia y a la información de proyectos que potencialmente pueden afectar el ambiente. Pero el Congreso, hasta la legislatura pasada, no discutió el proyecto de ley para ratificar este tratado. En el plan de Gustavo Petro esta temática se desarrolla. A pesar de que el plan de gobierno no menciona el Acuerdo de Escazú, sí hace referencia a la garantía de la protección de defensores de derechos ambientales y reconoce a las guardias indígenas y de campesinos como protectores del territorio y los derechos humanos. También hace énfasis en que se debe investigar a los responsables de conflictos ambientales y generar mecanismos para resolverlos.
3) Amazonia y deforestación
La Amazonia es una de las regiones más afectadas en Colombia por factores como la deforestación, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y la siembra de monocultivos. Su destrucción es una amenaza para la conservación de la biodiversidad mundial y para la reducción de emisiones contaminantes. Las decisiones que tome el próximo gobierno sobre esta región son un punto clave para que el país logre sus metas ambientales a 2030, así como para garantizar los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas y comunidades locales que viven allí. Según expertos, una de las formas de proteger la Amazonia es llevar a cabo estrategias de conservación ambiental que tengan en cuenta la participación plena, activa y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Además, en el año 2020, ha señalado el Ideam, se deforestaron 171.685 hectáreas de bosque, una cifra 8 % superior a la del 2019, cuando el país perdió 158.894 hectáreas. Del área deforestada, el 63 % se concentró en la Amazonia. En el 2018, ya se habían talado 197.159 hectáreas. Un problema estructural que no se ha podido detener. Teniendo en cuenta lo anterior, esta temática se desarrolla en el plan de gobierno de Petro. En este se mencionan dos medidas contra la deforestación. Una es impulsar una ley orgánica de ordenamiento territorial y, la otra, es detener la apropiación ilegal de predios, las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería en zonas de frontera agraria. Esto, aclara el plan, “desde un modelo sin estigmas, agresiones y criminalización contra los liderazgos campesinos, indígenas y afrodescendientes”.
Aunque también se trata de un plan sólido, los expertos se preguntan cómo equilibrarlo con otras propuestas, como el tránsito hacia una economía productiva, industrial y agraria que garantice estimular la tierra bajo su vocación productiva. La preocupación, entonces, es cómo lograr que este impulso no lleve a que la agricultura y el cambio de uso del suelo generen más deforestación, ya que actualmente es el sector más responsable de las emisiones de Colombia, representando alrededor del 50,5 %.
