Trabajo hecho. Con Patricia Bullrich y Diego Santilli a la cabeza de las negociaciones, el Gobierno logró este lunes avanzar en el armado político necesario para garantizar la media sanción de la reforma laboral en el Senado. La clave del acuerdo fue la decisión de retirar del proyecto el capítulo que reducía el impuesto a las Ganancias, una concesión exigida por los gobernadores dialoguistas que advertían por el impacto directo sobre las arcas provinciales. A cambio, la Casa Rosada consiguió lo que buscaba desde el inicio: los votos.
“Los votos están”, lanzó Santilli sin rodeos horas antes de que Bullrich —exministra y actual presidenta del bloque de La Libertad Avanza— encabezará una reunión en el Senado con legisladores que responden directamente a los mandatarios provinciales. Participaron del encuentro Luis Juez, el misionero Carlos Arce, el correntino Carlos “Camau” Espínola, la tucumana Beatriz Ávila y la salteña Flavia Royón. Todos ellos habían condicionado su apoyo a que se eliminara la rebaja de Ganancias, por considerar que la medida desfinanciar a las provincias. Sobre los derechos laborales que quedarían en riesgo con la sanción de la ley, en cambio, no hubo mayores objeciones.
El propio Santilli se ocupó de aclarar que habrá cambios en el texto, pero ninguno que altere “la idea general” del proyecto. La reforma seguirá siendo regresiva. “El objetivo central de la ley no se ha modificado”, reconoció el dirigente, quien atribuyó la garantía de la media sanción al “gran trabajo” realizado por Bullrich en el Senado y por Martín Menem en Diputados.
Tal como había anticipado la titular del bloque oficialista, la versión final del proyecto se conocerá “como muy tarde el martes a la mañana”. Ese mismo día, desde las 11, se reunirá la mesa política en Casa Rosada, en la previa al debate parlamentario. Estarán presentes Bullrich y Santilli, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el ministro de Economía Luis Caputo y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Santilli y Adorni fueron, además, los encargados de aceitar la negociación con los gobernadores, ofreciendo fondos y gestos políticos a cambio de acompañamiento legislativo. En ese marco, el ministro del Interior mantuvo este lunes una reunión con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, luego de una serie de contactos contrarreloj con otros mandatarios provinciales en el sprint final previo a la votación. “El proyecto va a dar un primer paso este miércoles”, sostuvo Santilli, aunque admitió que el texto original sufrió modificaciones para asegurar los apoyos.
Para intentar convencer a la opinión pública, el Gobierno salió a destacar los supuestos beneficios de la reforma. En una entrevista con Radio Rivadavia, Santilli apeló al argumento de la “modernización” y sostuvo que es necesario actualizar leyes aprobadas “cuando no existía el celular ni el trabajo remoto”. También insistió en que la norma permitirá crear empleo y reducir la informalidad. “Más del 50 por ciento de los trabajadores están en la informalidad y con esta ley van a pasar a la formalidad”, repitió.
Las afirmaciones fueron rápidamente cuestionadas por la oposición y por especialistas en derecho laboral. Incluso desde el sindicalismo salieron a desmentir al Gobierno. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, aseguró que la reforma “no genera trabajo” y que su verdadero objetivo es “perseguir a los gremios”. Martínez había participado inicialmente de las reuniones del Consejo de Mayo en Casa Rosada, donde se discutieron los lineamientos de la norma, aunque aclaró que nunca estuvo de acuerdo con su contenido.
Fiel al libreto libertario, Santilli volvió a cargar contra la llamada “industria del juicio”, a la que responsabilizó por la destrucción del empleo, especialmente en las pymes. “No son las grandes empresas las que sufren, sino los pequeños empleadores”, argumentó. En la misma línea, sostuvo que el presidente Javier Milei proyecta para la segunda mitad de su mandato un escenario de crecimiento y generación de empleo formal, y que la reforma laboral “va en esa dirección”.
Con tono triunfalista, el dirigente anticipó además que el Gobierno tendrá este año “una excelente agenda parlamentaria”, tanto en sesiones extraordinarias como ordinarias, y destacó proyectos como la modificación de la Ley de Glaciares, con la que —según afirmó— “se les devuelven facultades a las provincias”.
El encuentro entre Bullrich y los legisladores aliados tuvo lugar en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical, donde se repitieron reuniones durante las últimas semanas, desde la apertura de las sesiones extraordinarias. Allí mismo, tras un encuentro similar la semana pasada, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, había afirmado que el texto del proyecto estaba “acordado en un 95 por ciento”.
Además de Vischi, participaron dirigentes del Frente Cívico, del Frente Renovador de la Concordia, de La Neuquinidad, de Provincias Unidas, de Despierta Chubut, de Independencia y de Primero los Salteños. A todos ellos se les ofreció un salvoconducto político para los gobernadores —entre ellos Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Juan Pablo Valdés— consistente en eliminar el capítulo de Ganancias, condición clave para avanzar con la sanción. El Gobierno confirmó el lunes por la tarde que ese cambio estaba prácticamente cerrado.
Quien salió a tomar distancia fue el gobernador salteño Gustavo Sáenz. A pocas horas del debate, denunció haber recibido “presiones y amenazas” contra diputados y senadores que acompañarán el proyecto oficialista. Un movimiento que dejó al descubierto las tensiones internas del peronismo y la fractura entre quienes avalan la quita de derechos laborales y quienes buscan despegarse del costo político de la reforma.
