El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha firmado un decreto para que el Gobierno federal asuma las competencias de seguridad en el distrito federal de Brasilia, después del asalto de «vándalos» y «fascistas» contra las principales instituciones políticas y judiciales del país.
Desde el estado de Sao Paulo, adonde Lula había viajado para supervisar los estragos causados por las inundaciones, el mandatario ha condenado la violencia de las últimas horas, que «no tiene precedentes», en una primera comparecencia pública.
«Nunca se ha hecho en la historia de este país», se ha lamentado durante un discurso en el que ha recordado sus propias derrotas electorales y la posición histórica de la izquierda. La democracia, ha añadido, garantiza la libertad de expresión, «pero también exige el respeto de las instituciones».
«Todos los vándalos serán encontrados y castigados», ha dicho el mandatario, antes de leer de viva voz los detalles de un decreto que implica la intervención sobre las competencias que teóricamente le competen a Brasilia, cuya labor había sido puesta en duda por el oficialismo tras el caos vivido en las calles de la capital.
Lula ha designado un nuevo responsable de la seguridad en la zona –Ricardo García Cappelli, en sustitución de un aliado de Jair Bolsonaro–, dentro de una batería de medidas que, en principio, estarán en vigor hasta el 31 de enero.
La responsabilidad de Bolsonaro
«Aprovecharon el silencio del domingo, cuando todavía estamos formando gobierno, para hacer lo que hicieron», ha dicho Lula, ha prometido perseguir tanto a los participantes directos como quienes han promovido el «gesto antidemocrático» de las últimas horas.
En este sentido, ha recordado que hay «varios discursos» de su predecesor, Jair Bolsonaro, en los que «alienta» la toma de los distintos poderes. «Esta también es su responsabilidad y la de los partidos que lo apoyaron», ha sentenciado.
Tribunal Supremo avala la medida
El Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF) ha avalado la intervención de las autoridades federales en el Distrito Federal de Brasilia para responder al asalto de las sedes de los tres poderes del Estado por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que piden un golpe de Estado.
El TSF ha justificado esta intervención por la invasión de la sede del propio Supremo obviando así las competencias del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, informa la televisión O Globo.
El Artículo 36 Sección I de la Constitución prevé que el TSF solicite la intervención federal en caso de hipótesis de la Sección IV del Artículo 34 de la Constitución para «garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los Poderes de las Unidades de la Federación».
En este caso, es el presidente de la República el encargado de escoger a quien asuma las funciones de gobernador de forma provisional y mientras dure la intervención.
La prensa brasileña ha apuntado ya al secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, como la persona que ocupará el cargo de interventor federal en el Distrito Federal de Brasilia.
Cappelli es periodista y especialista en administración pública.
Ya ha ocupado diversos cargos en ministerios como el de Deporte y en los gobiernos de Río de Janeiro y Maranhao o la prefectura de Nova Iguaçú.
