Madres y Familiares cuestionó reunión reservada entre Orsi y la Suprema Corte

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresó su “profunda preocupación” por la reunión reservada entre el presidente Yamandú Orsi y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la que —según trascendidos— el mandatario habría manifestado inquietud por la salud de militares condenados por crímenes del terrorismo de Estado recluidos en Domingo Arena. La organización sostuvo que cualquier gesto en ese sentido puede interpretarse como una sugerencia improcedente hacia el Poder Judicial.

En una declaración difundida este miércoles, la organización de derechos humanos calificó como “llamativa e improcedente” cualquier consulta o comunicación institucional que pueda interpretarse como un gesto de especial deferencia hacia personas procesadas y condenadas por delitos vinculados al terrorismo de Estado. Advirtió que aun una visita de cortesía “genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía”.

El pronunciamiento recuerda que los reclusos de Domingo Arena fueron juzgados por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y detenciones ilegítimas. Más allá de su tipificación bajo la Ley 18.026 —que incorporó al derecho interno los crímenes de lesa humanidad y definió su imprescriptibilidad—, Familias enfatizó que estos hechos constituyen “crímenes inamnistiables”.

La organización remarcó que todas las personas condenadas por estos delitos han contado con garantías procesales plenas: apelaciones, recursos de inconstitucionalidad, pedidos de prescripción, casación y diversas vías de defensa. “Garantías que no tuvieron jamás nuestros familiares”, agregó, aludiendo a los crímenes cometidos en dictadura.

Familiares también denunció que quienes cumplen pena en Domingo Arena “se niegan sistemáticamente” a aportar información sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas. Esa negativa, afirma el comunicado, constituye una continuidad del delito y una lesión cotidiana al derecho de las familias a la verdad.

La institución rechazó cualquier intento de presentar a los condenados como víctimas de un sistema penitenciario adverso. Indicó que el establecimiento Domingo Arena ofrece condiciones privilegiadas, en contraste con la sobrepoblación y las carencias registradas en otros centros del país, algo que —recordó— ha sido señalado por el propio Comisionado Parlamentario.

“Consideramos aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando instalar la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional”, expresa el comunicado.

“Retroceder es inaceptable”

La declaración concluyó con la advertencia de que Uruguay ha luchado durante décadas para desmontar la impunidad, y cualquier retroceso “es inaceptable”. La organización reafirmó que la defensa de la memoria, la verdad y la justicia es la única vía para consolidar una democracia plena, y advirtió que ninguna señal política debe poner en duda la legitimidad de las decisiones judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición. El mensaje cierra con la consigna histórica: “Nunca más Terrorismo de Estado”.

El comunicado

“Ante los trascendidos de prensa sobre la reunión reservada mantenida entre el Presidente de la República y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia —en la cual, según se ha informado,el mandatario expresó preocupación por la salud de militares recluidos en el establecimiento Domingo Arena— la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifiesta:

1. Resulta llamativa e improcedente toda “consulta” o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como sugerencia, sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado. La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática.
2. Las personas recluidas en Domingo Arena no están privadas de libertad por delitos comunes. Fueron juzgadas por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad. Más allá de su tipificación formal conforme a la Ley 18.026 —norma que incorpora al derecho interno los crímenes de lesa humanidad y establece su imprescriptibilidad—, estos hechos, por su gravedad, por la naturaleza de la afectación y por haber sido cometidos por el aparato del Estado actuando de manera ilegítima y criminal, son considerados crímenes inamnistiables.
3. Es imprescindible recordar, una y otra vez, que estas condenas no han sido dictadas a la

ligera. Todos los procesados y condenados han gozado de todas las garantías del debido proceso: instancias de apelación, recursos de inconstitucionalidad, pedidos de prescripción, recursos de casación y múltiples mecanismos de defensa. Garantías que no tuvieron jamás nuestros familiares ni los presos y presas políticas de la dictadura, sometidos a detenciones clandestinas, torturas, desapariciones y ejecuciones sin juicio alguno.

4. A su vez, quienes hoy cumplen pena en Domingo Arena continúan negándose

sistemáticamente a brindar información sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas. Esa negativa sigue lesionando gravemente nuestro derecho a la verdad y a la justicia plena. Cada día sin información es una reiteración del crimen.

5. No corresponde presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de unsistema penitenciario hostil. Muy por el contrario: se alojan en un establecimiento con condiciones privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros centros de reclusión, tal como lo ha señalado reiteradamente el Comisionado Parlamentario.
6. Consideramos aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentandoinstalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional. La sociedad uruguaya ha luchado durante décadas para terminar con la impunidad. Retroceder en este camino es inaceptable. Reiteramos que la única vía para avanzar en la consolidación de una democracia plena es la vigencia de la justicia, la verdad y la memoria. Ninguna señal política debe poner en duda la legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los crímenes más graves de nuestra historia”.