Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazan proyectos de prisión domiciliaria para represores

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convocó a una conferencia de prensa realizada en la sede del PIT CNT, para repudiar dos proyectos de ley presentados recientemente en el Parlamento que facilitarían la prisión domiciliaria para represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Los proyectos, impulsados por el senador colorado Pedro Bordaberry y el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, proponen otorgar prisión domiciliaria a imputados o condenados por estos delitos. El de Bordaberry plantea presión domiciliaria a militares mayores de 75 años condenados por hechos ocurridos hasta 1985 y el de Goñi a condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura para reclusos mayores de 70 años.
Según las organizaciones de derechos humanos, estas iniciativas representan un «retroceso inadmisible» que beneficiaría a autores de desapariciones forzadas, torturas y homicidios, muchos de los cuales ya gozan de condiciones privilegiadas en unidades como Domingo Arena o prisión domiciliaria.
«No hubo guerra, sino terrorismo de Estado»
Laura Boiani, integrante de Famidesa, abrió la conferencia recordando la naturaleza del terrorismo de Estado: «Aquí no hubo una guerra, sino la usurpación del Estado por una dictadura que desplegó autoritarismo, crueldad, persecución y muerte para imponer el terror. Nuestros familiares siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado».
Boiani denunció el encubrimiento continuo del delito de desaparición forzada y sostuvo que «no hay democracia plena mientras este crimen se siga perpetrando». Convocó al pueblo uruguayo y a las organizaciones sociales a «mantenerse en alerta, defender activamente la memoria y rechazar toda iniciativa que, bajo lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad». «Merecemos una democracia sin desaparecidos, con memoria, verdad y justicia. Solo así construiremos un nunca más», concluyó.
Proyectos «recurrentes»
Elena Zaffaroni explicó el contexto histórico y dijo «esto es recurrente a lo largo de estos 40 años de democracia». Recordó que comisiones investigativas y mecanismos estatales «siempre priorizaron la impunidad sobre la justicia y la verdad». Sin embargo, enfatizó que «la sociedad ha trabajado enormemente» para construir memoria y combatir el negacionismo.
Zaffaroni atribuyó la persistencia de estas iniciativas a la «falta de voluntad política» para poner fin definitivo al terrorismo de Estado, transformar las Fuerzas Armadas y subordinarlas plenamente al poder civil. «Son recurrentes en la medida que no ha existido la voluntad política de poner realmente un antes y un después», afirmó.
«En campaña prometen, en gobierno olvidan»
Por su parte Ignacio Errandonea fue contundente al responder por qué persiste esta «poca voluntad política». «Cuando son candidatos vienen, dialogan con nosotros, nos comprenden, nos palmean la espalda». Pero una vez en el gobierno, «parece que tuvieran amnesia».
Errandonea subrayó que la causa de los desaparecidos «se ha convertido en una causa popular» de un amplio sector de la sociedad que reclama verdad y justicia para una «auténtica democracia». Recordó proyectos similares presentados en legislaturas anteriores que no prosperaron gracias a la presión ciudadana.
Reclamó nuevamente que se ordene a las Fuerzas Armadas entregar toda la información y archivos en su poder: «Hasta el día de hoy no ha existido tal orden». Insistió en que «no puede haber prisión domiciliaria preceptiva para genocidas» y que la subordinación militar al poder civil, mandatada por la Constitución, debe concretarse «de una vez por todas».