El 14 de abril de 1972, la Asamblea General se reunió para tratar una solicitud que llegaba del Poder Ejecutivo, siendo presidente Juan María Bordaberry. El mensaje señalaba que la situación nacional se había agravado por el accionar de la guerrilla y pedía la anuencia para «disponer la suspensión de la seguridad individual» y que se decretara «el estado de guerra interno a los afectos de la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales pertinentes». Ese día habían ocurrido una serie de hechos violentos, con la muerte de militares, policías y tupamaros.
En medio de una situación de violencia social, y luego de sesionar 24 horas, con el voto de los legisladores blancos y colorados, se aprobó la solicitud, aclarandose que tendría vigencia por 30 días. De esta manera quedaban suspendidas ciertas garantías constitucionales. Durante el tratamiento parlamentario, la solicitud del Poder Ejecutivo fue modificada. El Partido Colorado pedía 90 días de suspensión de las garantías individuales, pero por un acuerdo con el Partido Nacional, la medida de excepción sería por 30 días.
El senador Dardo Ortiz en nombre del PN dijo «preferimos que la crítica de nuestras actuaciones se realice en el foro universitario y no en el local de las autopsias. Es por eso que votamos lo que votamos». Wilson Ferreira Aldunate señaló por su parte que «el único alcance de estas normas, si resultan aprobadas, es a los solos efectos de determinar una jurisdicción, y no podrá ser invocada absolutamente para ninguna otra».
ZelmarMichelini decía durante esa sesión que «en estos días en el país va a haber un baño de sangre. Nadie se llame a engaño. El hombre que en la calle, mañana con la metralleta en mano, imbuido de poderes extraordinarios, alentado por las palabras del presidente de la república, convulsionado también él en su fuero íntimo por la angustia y la congoja, sobrecogido su ánimo por algún compañero suyo que ha caído, comienza a realizar los procedimientos y no será, señor presidente, el medio eficaz para pacificar el país».
Unos meses después, el 10 de julio de 1972, la Asamblea General dictó la Ley de Seguridad del Estado y el Orden Público (Ley de Seguridad Nacional) que reemplazó la declaración de “estado de guerra interno”. Esta ley, suspendió ciertos derechos de las personas acusadas de actividades subversivas y transfirió de los tribunales civiles a los militares la competencia para el enjuiciamiento de los civiles acusados de delitos contra la seguridad del Estado.
