Desde 1996 en Uruguay se marcha en silencio para recordar a los detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico militar (1973-1985). Aunque la fecha refiere al asesinato en Buenos Aires de los uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw en 1976, son las imágenes y los reclamos de los desaparecidos los que esta marcha invoca.
Desde el fondo reciente de la historia hay un silencio que entumece todo lo positivo que la democracia uruguaya pueda dar como muestra al mundo de un estado justo.
Son las personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país las que generan en mi opinión ese gran debe de la democracia uruguaya.
Una dictadura con señores civiles muy civiles y militares muy militares y que cada uno se haga cargo de las responsabilidad atroz, que es el delito de lesa humanidad de desaparecer a un ser humano que les compete a cada uno.
¿Qué derechos viola el delito de desaparición forzada?
La desaparición forzada constituye una violación acumulativa de derechos humanos. Ello se debe a que puede infligir una amplia diversidad de violaciones de derechos humanos, incluida la violación de:
el derecho a la vida: porque la persona puede ser asesinada o su suerte desconocerse;el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona;el derecho a no sufrir detención arbitraria;el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;el derecho a unas condiciones humanas de reclusión;el derecho a la personalidad jurídica;el derecho a un juicio justo;el derecho a la vida familiar.
La desaparición forzada constituye un abuso especialmente cruel contra los derechos humanos, ya que da lugar a una violación continuada en tanto que la suerte o el paradero de la víctima no se han determinado. Además, constituye también una violación de los derechos de las familias y los seres queridos de la víctima, que a menudo tienen que esperar años para averiguar la verdad sobre la suerte corrida por la persona desaparecida.
¿Qué impacto tiene en las sociedades y en las personas el delito de desaparición?
La desaparición forzada de una persona tiene un efecto enorme en la vida de sus seres queridos y en su comunidad.
Las familias a menudo son emocionalmente incapaces de pasar página y aceptar la desaparición de sus seres queridos. Muchos familiares sufren una fuerte angustia psicológica, que en ocasiones da lugar también a enfermedades físicas. Los niños no son inmunes a esa angustia: la desaparición de un padre o madre, un hermano o hermana u otros miembros de la familia con frecuencia perjudica su rendimiento escolar y su conducta social.
Además, las familias a menudo afrontan enormes consecuencias económicas, especialmente cuando la víctima era el principal sustento de la familia. Incluso cuando no lo es, muchas familias se encuentran en situaciones económicas apuradas durante la búsqueda.
El aislamiento social y cultural al que se enfrentan las familias queda con frecuencia sin documentar. Por ejemplo, mientras que, en ciertas culturas, las viudas cuentan con un sistema de apoyo bien establecido en las comunidades, las esposas de las víctimas de desaparición permanecen en ocasiones en un limbo si no son alcanzadas por las reglas legales de la reparación.
Como sociedad la conciencia colectiva nos demanda no olvidar.
Por eso marchamos en silencio en respuesta a la vergüenza colectiva social de seguir pidiendo por ellos sin resultados.
