El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, informó que la cifra de asignaciones familiares suspendidas porque los menores no concurren a un centro educativo se redujo de 11.588 a 9.370, debido a que 2.218 niños y adolescentes fueron inscriptos y volvieron a clase, casi 20%, retomando así el recibo de sus asignaciones.
“Cuando nosotros constatamos que había un incumplimiento a la contraprestación, enviar a los menores a los centros educativos, teníamos dos caminos: o hacer la vista gorda o actuar en consecuencia.
Decidimos actuar en consecuencia”, dijo el ministro y destacó la medida tomada por la cartera: “Ya estamos viendo los efectos de haber adoptado una medida que es antipática, que no nos genera gusto, pero que tenemos la absoluta convicción de llevarlo adelante”.
Al consultarse sobre si la cartera había hecho foco en analizar el contexto, la causa, que llevó a que esos menores no concurrieran a clases, el ministro respondió que lo que hubo fue una “actitud proactiva” de contactar los “hogares para que regularicen la situación cuanto antes”, algo que también incluyó al BPS y a ANEP, además de oficinas territoriales del MIDES.
