Las organizaciones de la sociedad civil, entre las que se cuentan el Colectivo Jacarandá, SERPAJ, Familiares de Detenidos Desaparecidos, FUCVAN, CRYSOL y la Asociación de la Prensa Uruguaya, entre otras, han expresado su descontento con la falta de avance en la implementación del Plan Estratégico 2024-2028 de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que propone «robustecer el relacionamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos con las organizaciones, pero no se ha concretado», según declararon.
Victoria Rodríguez, representante del Colectivo Jacaranda, señaló que «uno de los principales reclamos es el poco intercambio que hay con la Inddhh». Rodríguez explicó; «nosotros llegamos una vez al año nada más, a una asamblea anual en la cual tenemos muy poco tiempo para hablar, para intercambiar. Es un momento en que realmente deberíamos intercambiar todas las organizaciones y no es así». Además, denunció que «los ejes temáticos se eligen sin nuestra participación”, y “haya más asambleas anualmente y que haya una participación real en defensa de los derechos humanos», sostuvo la militante.
Por su parte, Mónica Rodríguez, de la organización Ágora Canelones, insistió en que «tenemos que ser escuchados porque, en realidad, la institución es de la sociedad civil, es de todos los uruguayos” y agregó que #En realidad, es nuestra, depende de nosotros lo que podamos lograr». Además, criticó la falta de control sobre los incumplimientos: «En los hechos, no están controlando a quienes los incumplen»,afirmó la militante vinculada a la causa conocida como de “Los Vagones”. Las organizaciones también han puesto en duda la independencia de los miembros del directorio de la Inddhh. Según sus declaraciones, «las organizaciones de la sociedad civil señalan el riesgo de falta de independencia de los miembros del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos».
Victoria Rodríguez enfatizó que «además de que nuestro reclamo principal era que no fueran cuotas políticas las que determinaran el directorio, ahora vemos que hay legisladores que están pidiendo la renuncia por posiciones determinadas en las cuales no está de acuerdo un partido. Entonces, eso a la sociedad civil no nos da ningún tipo de garantía».
La secretaria general del Espacio de los Pueblos Libres, Rossana de Olivera, opinó días atrás que Bernardo Legnani “debería estar un poquito más en defensa de lo que defiende el partido”. Las declaraciones de Bernardo Legnani, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), sobre el proyecto de ley de prisión domiciliaria generaron malestar en Cabildo Abierto (CA) en donde se esperaba que la aprobación de esta iniciativa derivara en la liberación de los represores presos en la cárcel de Domingo Arena por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura civil-militar. Legnani, quien fue propuesto para el cargo por el senador cabildante Guillermo Domenech, recibió críticas dentro del partido. Algunos dirigentes ya han solicitado públicamente su renuncia al consejo directivo de la INDDHH.
Para Victoria Rodríguez, es fundamental «trabajar en ajustar la ley». Sugirió que «capaz que los legisladores son los que tienen que ayudarnos para que nos aseguren realmente que esto no son cuotas políticas y que, según cambie el gobierno, la dirección de la Inddhh no vaya para un lado o para el otro».
Este miércoles, en la Sala Acuña de Figueroa, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, realizó la XIII Asamblea Nacional de Derechos Humanos y presentó la rendición de cuentas de la Gestión 2023-2024, a cargo de las siguientes autoridades: la Presidenta, Lic. Jimena Fernández Bonelli; la Directora Carmen Rodríguez Núñez; el Director Marcos Israel Cúneo; el Director Bernardo Legnani y el Director Wilder Tayler Souto
