El médico torturador Carlos Américo Suzacq Fiser, de 72 años, ya se encuentra en nuestro país en donde deberá responder en el juicio sobre la causa que investiga los crímenes cometidos en el conocido como “6to de Caballería”, centro de detención y torturas de la dictadura (1973-1984).
El represor Suzacq arribó a Uruguay el pasado jueves extraditado desde España, país en donde reside desde el año 1978, luego de que un tribunal español diera lugar a su extradición hacia Uruguay solicitada por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a cargo del fiscal Ricardo Perciballe. Los delitos que se le imputan son los de abuso de autoridad, lesiones graves y privación de libertad. Todos delitos asimilados por nuestra normativa a crímenes de lesa humanidad al haber sido perpetrados en nombre del Estado.
Horas después de arribado el médico cardiólogo declaró ante la jueza Silvia Urioste en donde presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre el cual se deberá expedir la Suprema Corte de Justicia (Scj) antes de continuar con el proceso. En ocasiones anteriores otros represores han presentado el mismo recurso pero ha sido desestimado por la Scj llegando incluso a ser calificado por este órgano como “maniobra dilatoria” por lo cual se espera una pronta resolución de la máxima instancia de Justicia.
La jueza Urioste dispuso que el represor deberá ahora fijar domicilio legal, entregar el pasaporte y pagar una fianza. La defensa de Suzacq había argumentado ante la justicia española que al ser un ciudadano de ese país le correspondía ser juzgado según sus leyes en donde los delitos por los que se le acusan ya habrían prescripto. Sin embargo, un tribunal de apelaciones desestimó este punto con argumentos basados en la gravedad de los crímenes y la importancia de su juzgamiento.
El fallo dictado a fines de enero había establecido que los delitos de los que se acusa al médico son de “lesa humanidad” y por lo tanto su “persecución y castigo es del interés de toda la comunidad internacional, lo que lleva a que incluso puedan ser perseguidos extraterritorialmente, bien sea por un tribunal internacional o incluso por un tercer Estado”.
A Suzacq se lo acusa de supervisar médicamente las torturas en el Regimiento de Caballería Mecanizada N° 6 «Atanasildo Suarez» en donde entre los años 1974 y 1976 tuvo lugar un centro de detención de militantes del Partido Comunista Revolucionario (Pcr).
Uno de los casos sobre los que se espera pueda arrojarse luz tras la detención de Suzacq, es el del militante Luis Eduardo González González, quien fue visto por última vez en el lugar y cuya pareja, Elena Zaffaroni, declaró a Diario La R, en el momento de su detención en España, que es de gran “importancia interrogarlo en Uruguay sobre lo que pasó con Luis Eduardo, cómo, cuándo y quienes estaban allí, además de los que ya se han identificado”. Zaffaroni, quien ahora es una de las referentes de la organización de Madres y Familiares de Desaparecidos (Famidesa), agregó en la conversación que mantuvo con La R que “es una muy buena noticia avanzar sobre este caso pendiente desde el año 1985” que fue cuando fue presentada esta causa ante el juzgado.
Los testigos
En su solicitud de extradición el fiscal Perciballe presentó 8 testimonios, de una lista inicial de 17, en donde se establece que Suzacq se encontraba presente durante los interrogatorios asesorando a los torturadores acerca del tiempo en que sus víctimas podían continuar siendo torturadas sin que sus cuerpos colapasaran por los apremios. Una de estos testigos fue A.M.M.N. quien ralató haber sido conducida al 6to de caballería en donde fuera encapuchada y atada con alambres de púa y sometida a diversos apremios luego de los cuales se le obligó firmar un documento en donde negaba su embarazo en curso. Según la víctima y numerosos testigos, estas fichas médicas eran elaboradas por el propio Suzacq.
La Audiencia Nacional española consideró que el relato de los hechos expuesto por Perciballe en su escrito de solicitud de extradición es “sólido y coherente” y que no existe “un impedimento absoluto para la extradición en caso de su posible prescripción, al preverse expresamente en el Tratado bilateral una cláusula de extradición en estos casos”.
España y Uruguay cuentan con un tratado de extradición desde febrero de 1996, lo que ha permitido a nuestro país solicitar la entrega de ciudadanos acusados de crímenes de lesa humanidad durante la época de la dictadura, como el doctor Suzacq. Según diversas estimaciones, aproximadamente 800 médicos prestaron servicios militares durante el régimen cívico-militar uruguayo. En marzo de 2021, España extraditó al coronel uruguayo Eduardo Ferro a Uruguay. Ferro, que hoy se encuentra en prisión, fue solicitado por crímenes de lesa humanidad, específicamente por su implicación en la detención ilegal, tortura y desaparición de jóvenes militantes durante la dictadura.
