El Gobierno de México ha expresado su rechazo a la nueva ley migratoria del estado de La Florida (EEUU) que entró en vigor este sábado que persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios, por lo que la considera «discriminatoria» y «racista».
«Si bien el Gobierno de México respeta los procesos y medidas legislativas estatales en los Estados Unidos de América, se considera que la SB1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanas exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante», ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano en un comunicado.
Además, advierte de que el Gobierno de México «utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida» mediante «acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica». En concreto compromete su apoyo a cualquier acción legal emprendida por «personas víctimas de actos de hostigamiento, violencia, abuso, discriminación de todo tipo y perfilamiento racial (racismo institucional)». «Estas acciones son la punta de lanza de la estrategia del Gobierno de México para exigir el respeto a los derechos humanos y seguir velando por los intereses y bienestar de todas las personas mexicanas que residen en el extranjero, independientemente de su condición migratoria», destaca.
México subraya que «la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada» y critica estas «inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco». Esta nueva norma «no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida» y menciona «la intensidad de los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida», resalta. «Ambos países se han esforzado por construir conjuntamente caminos de tolerancia, seguridad y respeto, de los cuales la SB1718 los aleja, provocando sentimientos de intimidación y temor en la comunidad migrante», argumenta México.
En concreto, la ley y obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify.
El texto también contempla hasta 15 años de prisión para los individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.
