La documentación es uno de los pilares centrales del proceso migratorio, para una persona migrante, contar con papeles no es solo una formalidad administrativa: es la llave de acceso a derechos básicos como la salud, el trabajo y la educación, además de una herramienta de protección frente a la precariedad y la exclusión. La posibilidad de regularizar la situación legal transforma una experiencia que muchas veces comienza en condiciones adversas en una transición más segura, ordenada y digna.
Sin embargo, la realidad migratoria global muestra que no todos los países están preparados para recibir a personas extranjeras que buscan establecerse de forma permanente. En muchos casos, quienes emigran lo hacen sin documentación válida de su país de origen. Conflictos armados, crisis políticas, colapso institucional, costos elevados o trámites inaccesibles convierten la obtención de documentos en un proceso complejo o directamente imposible. Como consecuencia, la regularización en el país de destino se vuelve cuesta arriba, ya que la identificación personal suele ser el primer requisito exigido para acceder a un estatus legal.
Obtener una residencia aprobada es un paso clave para la integración social. No se trata únicamente de recibir un trato cordial, sino de dejar atrás la invisibilidad ante el Estado y poder ejercer derechos en igualdad de condiciones. En Uruguay, este punto es especialmente relevante, ya que la residencia habilita la obtención de la cédula de identidad, documento indispensable para trabajar de manera formal, firmar contratos, acceder al sistema financiero y a la seguridad social, y desarrollar un proyecto de vida estable junto a la familia.
Costo del proceso en Uruguay
En los últimos años, el factor económico ha adquirido un peso creciente en el proceso de regularización migratoria. Si bien el valor de la documentación excede lo monetario, los costos asociados pueden convertirse en una barrera concreta. En Uruguay, los trámites que en 2020 eran prácticamente gratuitos pasaron a tener un costo significativo, en un contexto de mayor demanda y de limitaciones operativas del Estado.
El proceso comienza con la solicitud de residencia legal, ya sea temporaria o definitiva, ante la Dirección Nacional de Migración. Este trámite tiene un costo de 557,30 Unidades Indexadas (UI) por persona ($3.579 pesos uruguayos), a lo que se suma el certificado migratorio, requisito necesario para tramitar la cédula de identidad. Al tratarse de valores expresados en UI, el monto final en pesos uruguayos varía según la inflación y el momento del pago.
Una vez concedida o iniciada la residencia, el siguiente paso es obtener la cédula de identidad uruguaya para personas extranjeras. Este documento es central para la vida cotidiana, ya que habilita el acceso al empleo formal, al alquiler de vivienda, a servicios públicos y privados, y reduce la exposición a abusos laborales o habitacionales. La cédula tiene un costo de $443 pesos.
A estos costos oficiales se suman otros gastos indirectos que muchas veces no se contemplan al inicio del proceso. Apostillas o legalizaciones de documentos emitidos en el exterior, traducciones oficiales al español, certificados de antecedentes penales del país de origen o de residencias previas, y eventuales honorarios de gestoría pueden incrementar de forma considerable el costo total de la regularización. Estos montos varían según la situación de cada persona y su país de procedencia, pero en muchos casos representan un obstáculo difícil de sortear.
Un caso puntual, son las personas de Paraguay o Brasil, que pueden estar exoneradas de ciertos montos, asimismo los que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica pueden solicitar exoneraciones o apoyos específicos, que se evalúan caso a caso a través de organismos como el Ministerio de Desarrollo Social.
¿Qué pasa cuando no tienes la documentación?
Por otra parte, llegar a Uruguay sin documentación válida no constituye un delito penal. Se trata de una irregularidad administrativa que no implica cárcel ni sanciones automáticas. Aun así, la falta de papeles limita de forma concreta el ejercicio de derechos: sin documentación, el migrante no puede trabajar legalmente, firmar contratos ni integrarse plenamente a la seguridad social, lo que suele derivar en empleo informal, precarización y una permanente sensación de incertidumbre.
El principal riesgo de la irregularidad migratoria no es la deportación inmediata, sino la invisibilidad social. El miedo a interactuar con las instituciones, la dificultad para reclamar derechos y la dependencia de redes informales profundizan la exclusión y aumentan la vulnerabilidad.
Uruguay permite que muchas personas que ingresaron sin documentación o con estadía vencida inicien su regularización desde el propio territorio, sin necesidad de abandonar el país. No obstante, los costos, los tiempos administrativos y la obtención de documentos del país de origen siguen siendo desafíos importantes.
En definitiva, la documentación no es solo un requisito legal. Es una herramienta central de integración, protección y ejercicio efectivo de derechos. Facilitar el acceso a la residencia y a la identidad legal impacta directamente en la inclusión social, en la formalización del empleo y en la posibilidad real de que las personas migrantes construyan un futuro en Uruguay.
