Milei afirma que organizará un referéndum en caso de que el Congreso rechace el decreto de desregularización

Dijo que se "oponen a algo que beneficia a la gente".

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado este martes que organizará una consulta popular en caso de que el Congreso argentino rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas. «Si me rechazan el DNU, llamaría a un plebiscito o consulta popular», ha declarado en una entrevista con La Nación+ en la que ha pedido a los congresistas que expliquen por qué se «oponen a algo que beneficia a la gente», recoge la agencia de noticias Télam.

Milei ha considerado que quienes se oponen «no tienen conciencia de la gravedad de la situación» y ha alegado que quienes se manifiestan en contra de sus medidas «no pueden aceptar que perdieron» y que la «población eligió otra cosa». «Esto apunta contra los corruptos que agarran algún negocio negociando alguna ley», ha aseverado el mandatario ultraderechista, que ha apuntado a que los legisladores contrarios «no pueden morder» más sobornos.

Mientras que ha retado a sus opositores a que «intenten» desestabilizar su administración, ha aseverado que «los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo» que supongan sus medidas económicas, a pesar de que ha confirmado que a corto plazo no aumentará el salario de los empleados públicos ni beneficiará a los autónomos. El mandatario ha manifestado que sus anuncios demuestran que su partido, La Libertad Avanza (LLA), ha sido «consistente» con lo prometido y ha señalado que «no hay tiempo» y que se requiere de «un shock de libertad y anticasta» en la economía porque «la situación es realmente complicada».

El pasado fin de semana, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2 argentino, a cargo de Esteban Furnari, admitió un recurso de amparo que pide la declaración de inconstitucionalidad contra el DNU, alegando que la norma implica una «desviación de poder y un abuso de derecho público».

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