El ministro del Interior de Ecuador, Patricio Carrillo, denunció que tres policías fueron retenidos por manifestantes y otros 18 se encuentran desaparecidos tras los disturbios en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana.
«Esto ya no es un disturbio, esto es un acto criminal», dijo al responsabilizar, entre otros, al dirigente indígena Marlon Vargas quien «enardeció con su posición absolutamente radical a las comunidades».
Añadió que los enfrentamientos en Puyo dejaron «un fallecido, seis policías heridos con traumas severos y con perdigones; tres policías retenidos por esta comunidad. Hay 18 policías desaparecidos».
En una rueda de prensa, Carillo comentó que en Puyo «gente en estado etílico generaba turbas impresionantes que no dejaban que las personas puedan atenderse en términos de salud, el paso de ambulancias, de víveres. El desabastecimiento ya en la ciudad llegaba a niveles intolerables». El ministro añadió que una turba incendió las instalaciones de la Policía en centro del Puyo. El 20 de junio se inició en el país la segunda semana de protestas.
Tras diez días de paro nacional y manifestaciones protagonizadas sobre todo por indígenas y campesinos de Ecuador, y a los que se han sumado otros sectores, el miércoles el país estaba a la expectativa del inicio de una posible mesa de diálogo entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). La reunión podría poner fin al paro nacional y a las protestas, que se ha vuelto cada vez más violentas en Quito y ciudades como Puyo. La capital de Ecuador ha estado virtualmente paralizada en medio de crecientes señales de escasez de alimentos y combustible y reportes de enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. El Gobierno aseguró que las protestas son un «serio riesgo» para la democracia del país.
La Conaie indicó en sus redes sociales que el presidente Guillermo Lasso no ha escuchado el clamor popular y solo responde con «represión y violencia», y ha denunciado el abuso contra las manifestaciones por parte de la Policía y los militares.
Además, exige que cese el estado de excepción decretado por el Gobierno y la represión como condiciones para generar un diálogo sobre los diez puntos que integra el pliego de peticiones que presentó la organización. El Gobierno declaró desde el pasado viernes el estado de excepción en las provincias andinas de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, así como en la amazónica de Pastaza, tratando de contener la movilización indígena que se ha instalado con fuerza en Quito y que ha dejado al menos dos víctimas mortales.
Según la Alianza de Organizaciones para los Derechos Humanos, hay hasta el momento «44 reportes de hechos que suponen violaciones de derechos humanos. Incluyen dos personas fallecidas en contexto de represión, 74 personas heridas, tres de ellas en estado crítico, cinco con lesiones oculares, una con amputación parcial de extremidad superior y 87 detenidas». La violencia en la escalada de las protestas en Ecuador comenzó cuando la Conaie llamó a una huelga indefinida con el objetivo de presionar al presidente Lasso para que reduzca los precios del combustible, establezca controles de precios sobre los productos agrícolas y de primera necesidad, aumente el presupuesto de educación y salga del poder, entre otros puntos.
