La comisión investigadora sobre el rescindido contrato entre el Estado uruguayo y el astillero español Francisco Cardama SA comenzará a funcionar este lunes a partir de la hora 15 en el ámbito de la Asamblea General. Se trata de un hecho inédito en la historia parlamentaria del país que por primera vez, una investigación de este tipo se desarrolle en la Asamblea General, tras un acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición para evitar la superposición de comisiones paralelas en el Senado y en Diputados.
La investigadora analizará las actuaciones que condujeron a la rescisión del contrato firmado en diciembre de 2023 para la construcción de patrullas oceánicas (OPV), un acuerdo que involucró al entonces Ministerio de Defensa Nacional, encabezado por el hoy senador Javier García, y al empresario español Mario Cardama, propietario del astillero con sede en Vigo.
La comisión estará integrada por 17 legisladores: nueve pertenecientes al oficialista Frente Amplio y ocho de los partidos de la coalición opositora, pero además estará presidida por la oposición. Si bien al cierre de esta edición los nombres de los integrantes titulares y sus suplentes aún no estaban definidos, se espera que queden formalmente nominados durante la sesión de este lunes, junto con el régimen de funcionamiento del cuerpo, que podría incluir audiencias de carácter secreto.
El período bajo análisis
En diálogo con Diario La R, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta explicó que el período que abarca la investigación se extenderá desde 2010 hasta la rescisión del contrato, descartando así la propuesta inicial de algunos sectores de la oposición de retrotraer el análisis hasta 2005.
“El acuerdo finalmente fue tomar desde 2010 en adelante. En ese momento hubo intentos de adquisición de patrullas oceánicas que no prosperaron, y ese es un antecedente que entendimos razonable incluir”, señaló Brenta. Según explicó, en esos años se registraron gestiones impulsadas desde la Armada Nacional que no llegaron a concretarse, pero que forman parte del contexto previo al proceso que culminó con la firma del contrato con Cardama.
No obstante, el legislador aclaró que el foco principal de la investigación estará puesto en los hechos más recientes. “Para nosotros lo más importante son los hechos de 2023. La oposición se ha enfocado más en la rescisión del contrato, mientras que Cabildo Abierto pretendía discutir todo el proceso de compra de las OPV. Finalmente se llegó a este acuerdo para evitar tener dos comisiones investigadoras al mismo tiempo, lo que hubiera sido poco razonable desde el punto de vista institucional”, afirmó.
Integración y eventuales comparecencias
Consultado sobre la eventual participación del senador Javier García en la comisión, Brenta señaló que se trata de una decisión que corresponde al propio legislador y a su sector político. “Ellos ya han transmitido que el espacio político de la Lista 40 será representado por el diputado Gabriel Gianoli, que fue quien realizó gestiones vinculadas a este tema ante el propio astillero. En cuanto a García, en algún momento seguramente dará su versión de los hechos ante la comisión, como corresponde”, indicó.
Respecto a la convocatoria de testigos, el senador frenteamplista sostuvo que aún no está definido el orden ni el criterio de las primeras citaciones. “Todavía no hemos resuelto por dónde iniciar las convocatorias. Lo que no queremos es que la investigación se diluya analizando situaciones muy antiguas que no tienen relación directa con este proceso de compra”, explicó.
En ese marco, Brenta no descartó que la comisión pueda citar al propio empresario Mario Cardama como a representantes del astillero español. “No descarto para nada convocar a Cardama. Tengo dudas respecto a su participación efectiva, pero perfectamente podría ser citado, incluso por medios virtuales. La ley establece que están obligados a comparecer los funcionarios públicos; los privados pueden hacerlo de forma voluntaria”, recordó.
Límites legales y acceso a la información
Uno de los puntos más discutidos en las últimas semanas ha sido el acceso a la información vinculada al caso, en particular aquella que forma parte de denuncias penales en curso. Al respecto, Brenta rechazó las versiones que señalan que el Poder Ejecutivo haya ocultado información.
“El gobierno se ha comprometido a entregar toda la información que sea solicitada por la comisión investigadora. La única limitante es la existencia de una denuncia penal, ya que la Unidad de Acceso a la Información Pública ,recomendó no divulgar determinados documentos por estar amparados en el Código del Proceso Penal”, explicó.
En ese sentido, subrayó que no se trata de una decisión política sino jurídica. “No es una negativa del gobierno. Es una recomendación técnica. De todos modos, esa información podría entregarse a la comisión en carácter reservado o secreto, exclusivamente para conocimiento de los legisladores, sin difusión pública”, agregó.
Brenta reconoció que existen antecedentes de filtraciones en comisiones investigadoras anteriores, lo que refuerza la necesidad de extremar los cuidados. “La idea es que eso no vuelva a suceder. La comisión debe trabajar con seriedad y responsabilidad institucional”, sostuvo.
Plazos y funcionamiento
La comisión contará con un plazo inicial de seis meses para desarrollar su trabajo, aunque existe la posibilidad de solicitar una prórroga si así se considera necesario. “No hay ningún inconveniente en que una investigadora se prorrogue. La forma de trabajo, la frecuencia de las reuniones y el cronograma se definirán en la primera sesión”, adelantó Brenta.
El legislador indicó que en los próximos días se realizarán reuniones internas de bancada para acordar criterios comunes, tanto en el oficialismo como en la oposición, antes de que la comisión entre de lleno en su fase operativa.
El vínculo con España y el marco contractual
Otro de los aspectos que genera atención es el contexto diplomático en el que se firmó el contrato, ya que en diciembre de 2023 estuvieron presentes autoridades españolas, incluido el embajador de ese país en Uruguay. Consultado sobre este punto, Brenta aclaró que no existe intervención del gobierno español en el contrato.
“Se trata de un negocio entre el Estado uruguayo y una empresa privada. El gobierno español no interviene. Distinto es cuando hay compras de Estado a Estado, como ocurrió con otras adquisiciones militares. En este caso, España fue informada, pero no ha hecho ningún planteo”, afirmó.
TOCAF
Para el senador, el caso también deja enseñanzas sobre los procedimientos de compra pública. “El Estado contrata permanentemente con privados, y el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) establece garantías claras. El problema aquí es que el TOCAF no se utilizó de manera adecuada. Hubo una compra directa por excepción, supuestamente por urgencia, y a partir de ahí se encadenaron una serie de procedimientos extremadamente irregulares e incomprensibles”, señaló.
En ese sentido, consideró clave esclarecer cómo y por qué se seleccionó al astillero Cardama. “Ese es uno de los elementos centrales que habrá que investigar. Ahora es el momento de preguntarles directamente a los protagonistas”, concluyó.
En Uruguay, la Unidad de Acceso a la Información Pública funciona en el ámbito de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) . Aunque opera con autonomía técnica, está adscrita a la Agesic, que a su vez depende de la Presidencia de la República.
Uruguay ratifica esta semana el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
La comisión especial del Parlamento uruguayo creada para analizar el acuerdo Mercosur–Unión Europea recibirá este lunes a los ministros del área productiva, incluido el canciller, con el objetivo de evacuar dudas planteadas tras una semana de comparecencias de delegaciones y sectores productivos que podrían verse impactados por el tratado, como el lácteo.
La comisión fue conformada durante el receso veraniego para evaluar el alcance del acuerdo suscrito en Asunción el pasado 17 de enero. Entre los legisladores existe consenso en que el tratado será ratificado esta semana, lo que convertiría a Uruguay en el primer país de la región en hacerlo. Los parlamentos solo pueden aprobar o rechazar el texto, opción ya adoptada recientemente por la Cámara de Diputados de Argentina.
El cronograma prevé la aprobación del acuerdo este lunes en comisión y su media sanción el miércoles 25 en el Senado. Al día siguiente se convocará a la Cámara de Diputados en régimen de “grave y urgente” para otorgar la sanción definitiva.
Si el empresario Cardama canta todo, ahí se va a conocer la verdad, que compromisos asumió cada contratante y cuales fueron las ventajas que corrieron extyra contrato para cada uno de ellos. De alquilar balcones.
El FRAUDE…ya fue consumado….la estafa a TODOS los Uruguayos…es indudable y existen…mas que semi-plena prueba….de este nuevo robo…..por tanto es a la JUSTICIA….al ambito juridico…..quien compete el caso de aqui en mas….TODO este circo mediatico/politikero/electorero….no es mas que intentos de desvirtuar y barrer bajo la alfombra…algo tan obvio que rompe los ojos…..
Todo este circo…ademas viola claramente….la separacion de poderes del estado…..por ende la constitucion…
«Consultado sobre la eventual participación del senador Javier García en la comisión, «….esto ademas amerita la quita de fueros parlamentarios….tal parece que estos «honorables ladrones»……nunca han oido hablar de conflictos de intereses….es tan absurdo todo este circo altamente mediatisado…..ensuciado politikera y elektoralmente….que realmente da asco.
A la estafa inicial en este caso puntual….a los Uruguayos de a pie….se le suma un nuevo agravante en el pretendido encubrimiento…..del robo, que involucra aun mas actores a la trama……por accion u omision a los DEBERES DEL ESTADO…….
En diciembre del 2013 se firmo el contrato por la construccion de las opv ?
ESTOS HDP ESTAN HACIENDO TIEMPO CON ESTE CIRCO, SI LOS DEJAN EMPIEZAN A INVESTIGAR DESDE 1810 CON TAL DE EVITAR LA JUSTICIA. ESTO YA DEBERÍA DENUNCIARSE. EL FA CAE EN ESE JUEGO QUE PROPONEN LOS DELINCUENTES. VAN A ENTREVERAR TODOS CON TAL DE ZAFAR.
ESTOS HDP ESTAN HACIENDO TIEMPO CON ESTE CIRCO, SI LOS DEJAN EMPIEZAN A INVESTIGAR DESDE 1810 CON TAL DE EVITAR LA JUSTICIA. ESTO YA DEBERÍA DENUNCIARSE. EL FA CAE EN ESE JUEGO QUE PROPONEN LOS DELINCUENTES. VAN A ENTREVERAR TODO CON TAL DE ZAFAR. DEBERÍA DE INVESTIGARSE TAMBIÉN LO DE LOS HÉCULES QUE NOS VENDIERON CHATARRAS QUE APENAS VUELAN POR 30 MILLONES.
Y quien va pagar el viaje de este estafador, espero que no sea con plata del estado uruguayo que ya bastante perdió con esta estafa descomunal, pero bueno sigan perdiendo el tiempo para trancar todo son una manga de mediocres sinverguenzas
Creo que , de la manera que lo están armando, esto va para largo. Es a propósito? Están todos tapándose entre ellos? Estimo que, por respeto al pueblo, se resuelva lo antes posible y con conclusiones contundentes.
Están haciendo tiempo, tienen la esperanza de llegar al 2030 y ganar las elecciones para tapar todo de una vez. Esto es el resultado de haber pensado que iban a seguir en el gobierno y nadie se iba a enterar. Pero les salió mal. Vaya a saber uno toda la mierda detrás de las demás compras del estado con estos delincuentes multifrutas en esos 5 años.
«No descartan citar al empresario Mario Cardama…» pero, ¿y esto qué es?
¿Es que nos toman por idiotas, a nosotros los ciudadanos que pusimos la plata que el Cardama se llevó?
El empresario Mario Cardama DEBE SER INELUDIBLEMENTE CITADO a comparecer y declarar, sin ningún tipo de dudas, al ser «la otra parte» involucrada en esta negociada estafa.
Y si no viene que se le declare «en rebeldía» y ese cargo se sume a los otros en los que se apoyará el juicio que debe iniciársele por incumplimiento de contrato más otros dolos como estafa si no devuelve la plata con intereses, más costos y costas que el juicio genere. Porque lo va a perder, y con él perderán también todos los que (ignorantes de los procedimientos contractuales legales o no –eso no quita la responsabilidad) firmaron el contrato convirtiéndose en socios de la estafa.
Basta ya de palabrerío y burocracia innecesarios!
Los hechos actuales existen, no hay que escarbar tanto. Recopílese la información. Redáctese el caso. Llámese a comparecer. Júzguese. Díctese sentencia sin apelación. Métase preso a quien corresponda sin fianzas ni «arreglos» fuera del juzgado. Cúmplase la totalidad de la sentencia. Publíquese. Archívese, etc. Máxima duración del procedimiento: 6 meses.
Y eso de «pagarle el pasaje a Cardama» es la broma de peor gusto que he visto en este caso…
El pueblo está furioso.
A ver, Poder Judicial, haga su trabajo que para eso le pagamos el sueldo!