Organizaciones critican el Proyecto Neptuno-Arazatí por violar el derecho al agua potable

El Ministerio de Ambiente había otorgado este lunes pasado la autorización ambiental previa para la construcción de una planta potabilizadora en San José, impulsada por el consorcio Aguas de Montevideo.

Según las organizaciones, el proyecto vulnera la Reforma Constitucional de 2004, que consagra el derecho humano al agua y prohíbe la privatización de los servicios hídricos. Señalan, además, graves impactos en la calidad del agua, el medio ambiente y las finanzas estatales.

Argumentos principales contra el proyecto

Entre los puntos destacados en la declaración, se señala que:

• Calidad del agua: Estudios de la Facultad de Ingeniería indican que, entre 2021 y 2023, hubo varios eventos de alta salinidad que habrían imposibilitado la potabilización del agua. Estos fenómenos, junto con cianobacterias y trihalometanos, representan riesgos para la salud de la población.
• Impacto ambiental: Se advierte sobre el riesgo de contaminación del acuífero Raigón, fuente de agua para riego y consumo humano, debido a la Reserva de Agua Bruta y el monorrelleno sanitario asociado al proyecto.
• Costo elevado: El contrato, estimado en $1.140 millones a lo largo de 20 años, implica un incremento en las tarifas de agua, lo que afectará directamente a la población. Además, limitaría la capacidad de OSE para realizar obras durante ese periodo.
• Falta de participación ciudadana: Las organizaciones afirman que el proyecto viola el artículo 47 de la Constitución al no haber habilitado instancias de participación social.

Posición del presidente electo Yamandú Orsi

El presidente electo, Yamandú Orsi, manifestó “reparos” al proyecto y destacó que cualquier decisión política debe ser consultada con el nuevo Gobierno. Señaló, además, que su prioridad es la instalación de una planta potabilizadora en Casupá, Florida, como parte de las medidas propuestas en su campaña electoral.

Llamado a reconsiderar el proyecto

Las organizaciones urgen al Gobierno saliente a no firmar el contrato con el consorcio privado y permitir que el próximo Ejecutivo evalúe alternativas. Argumentan que el proyecto podría tener costos económicos, sociales y ambientales irrecuperables, además de comprometer la soberanía sobre el recurso hídrico.

Firman la carta más de 30 organizaciones, entre ellas FFOSE, FUCVAM, Redes-Amigos de la Tierra, y la Coordinadora de Pescadores Artesanales, quienes consideran que el país debe priorizar soluciones sostenibles para garantizar el acceso equitativo y seguro al agua.