Orsi responde a Lacalle Pou sobre el caso Cardama y defiende actuación del gobierno

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a los comentarios realizados por el expresidente Luis Lacalle Pou en relación al anuncio de rescindir el contrato con la empresa española Cardama, quien había manifestado que el mandatario “fue arrastrado en una operación política”. Orsi destacó la “energía y virulencia” de la reacción del líder político y aclaró que su gobierno actuó en defensa del Estado y de los intereses nacionales.

“Me sorprendió la energía y la virulencia con que salió no solo el expresidente, sino también varios actores del gobierno anterior, cuando nosotros lo que habíamos dicho es que había una empresa que había hecho las cosas mal”, señaló Orsi este martes en rueda de prensa al término de las Primeras Jornadas sobre salud mental .  El mandatario explicó que esperaba “más defensa del Estado y no tanto de la empresa”, aunque reconoció que Lacalle Pou tiene derecho a su opinión.

“Me hubiese gustado que saliera más en la defensa del Estado y no tanto en defensa de la empresa, pero bueno, por algo son las cosas, creo que ahí hay una confusión. Pero bueno, el expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo también puedo pensar que a él lo arrastó un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí de repente se portaron”,afirmó.

Orsi también planteó un análisis crítico sobre la defensa que el expresidente y su equipo hicieron de Cardama, cuestionando la relación que mantuvo la empresa con el Estado durante la gestión anterior. “Me parece que fueron traicionados o engañados de manera evidente”, afirmó. En ese sentido, el mandatario destacó que su intención al ofrecer la conferencia de prensa era clarificar los hechos y exponer las responsabilidades involucradas.

El jefe de Estado explicó que, en la actualidad, el contrato con Cardama sigue vigente y subrayó que un contrato establece obligaciones entre las partes. No obstante, insistió con la grave irregularidad detectada respecto a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, clave para establecer la vigencia del acuerdo: “El día lunes me dicen: ‘firmame esto que es para mandar porque se vence el miércoles la garantía’. Cosa que era normal, bueno, agarrás, le echàs mano a esos 4 millones de dólares para cubrirte Cuando nos encontramos, que ni siquiera existía la empresa. Esto demuestra que algo había ocurrido de manera incorrecta y que era necesario comunicarlo a la opinión pública por eso la conferencia de prensa. Y lo otro es… ¡paren las rotativas, muchachos, esto está todo mal!”, indicó.

Orsi puntualizó que los objetivos principales de su gestión frente a esta situación no se han modificado: “El primero es que el Uruguay necesita barcazas para controlar nuestro mar territorial. Segundo, que el Estado no puede perder dinero. Y tercero, que debemos actuar con rapidez. Por supuesto, quienes se equivocaron deben asumir la responsabilidad correspondiente, en Uruguay o donde sea”, remarcó.

El presidente aseguró que la escalada política en torno al caso Cardama no debería distraer de los intereses fundamentales del país. “Me parece que hemos escalado esto a un nivel político y que no estamos entendiendo. Acá estamos velando por los intereses de nuestra gente y, por supuesto, por la seguridad y la soberanía nacional”, manifestó.

El mandatario insistió en que su gobierno prioriza la protección del patrimonio del Estado, la transparencia en la gestión y la defensa de la soberanía nacional, frente a eventuales cuestionamientos de sectores políticos.

El mandatario también enfatizó que su comunicación ante la prensa tenía como objetivo clarificar la situación y asegurar que las decisiones adoptadas se enmarcan en la legalidad y en la protección de los intereses uruguayos. Según Orsi, “ahora lo importante es definir cómo seguimos adelante”.

Sánchez: respeto al Estado de derecho

Quien también habló fue el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en relación a la denuncia presentada por el gobierno uruguayo contra la empresa Cardama por presunto fraude y estafa en la construcción de las patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. Durante una rueda de prensa, Sánchez insistió en que el Estado actuará respetando los caminos legales establecidos en el contrato.

En ese sentido, el funcionario señaló que el contrato contempla la posibilidad de recurrir a una mediación, instancia que será utilizada por las partes. “Así como nosotros somos duros en exigir que no pueda haber un contrato sin garantía, somos los primeros interesados en recorrer los caminos que están establecidos en el contrato de la cláusula que obliga al contratista y al Estado a recorrer ese camino”, subrayó.

Sánchez remarcó que Uruguay está amparado legalmente para rescindir el contrato con Cardama. “Un requisito para poder firmar un contrato es que tenga garantía”, explicó, agregando que la denuncia responde a la necesidad de proteger los recursos públicos y la legalidad del Estado.

El secretario de Presidencia también criticó las declaraciones de legisladores que habían planteado que la situación podría resolverse de manera informal, “con una llamada por teléfono o un café”. “Cuando hay un contrato entre el Estado uruguayo, que es la plata de los uruguayos, y un privado, no se soluciona conversando en un café o comiendo un asado”, enfatizó. Según Sánchez, los mecanismos formales y legales son los que deben aplicarse, y la informalidad es precisamente lo que generó la situación actual, con un contrato millonario sin garantía.

En relación con la gravedad del caso, el funcionario sostuvo que la situación podría constituir una estafa o posible estafa, por lo que la Justicia deberá determinar los responsables. “La idea es hacer las cosas que tenemos que hacer ahora. Estamos denunciando un contrato que no tiene garantía. La Justicia tiene que investigar quiénes son los involucrados”, afirmó.

Sánchez insistió en que las medidas adoptadas buscan proteger los intereses del Estado uruguayo y garantizar que los procedimientos se realicen dentro del marco legal. La denuncia, según el secretario, no tiene carácter político, sino que responde a la necesidad de resguardar los recursos del Estado y asegurar que la ejecución de los contratos se realice con transparencia y responsabilidad.

Fiscal Alejandro Machado asumirá la causa Cardama

La causa judicial vinculada al contrato entre el Estado uruguayo y la empresa Cardama fue asignada al fiscal Alejandro Machado, luego de que la fiscal Sandra Fleitas presentara una solicitud para abstenerse de intervenir en la investigación, informó la Fiscalía General de la Nación.

Según el comunicado oficial, la designación de Fleitas al frente de la causa se realizó de manera aleatoria a través del Departamento de Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía. La decisión de la fiscal de apartarse del caso generó repercusiones en el ámbito político, dada la conocida enemistad de Fleitas con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

En su presentación ante el fiscal general, Fleitas argumentó motivos de “decoro” para justificar su solicitud de abstención. Fuentes de Fiscalía citadas por Montevideo Portal indicaron que la fiscal mantiene un vínculo personal con un exjerarca del Ministerio de Defensa, quien participó durante la negociación y firma del contrato con Cardama. Ambos, según la publicación, mantienen una relación de amistad de larga data lo que, según ella, podría comprometer su imparcialidad.

Con la declinación de Fleitas, la causa pasó a manos del fiscal Alejandro Machado, quien asumirá la investigación. Machado cuenta con experiencia en casos de alta relevancia pública, habiendo estado al frente de investigaciones como la vinculada al pasaporte de Sebastián Marset y el caso de los fondos ganaderos, conocido como Conexión Ganadera.

El traspaso de la causa se produce en un contexto de amplio interés político y mediático, dado que el contrato con Cardama ha sido objeto de denuncias por presunto fraude y estafa en la construcción de buques patrulla destinados a la Armada Nacional. La investigación judicial busca determinar responsabilidades y esclarecer las irregularidades señaladas en la contratación de la empresa española, cuya actuación ha sido cuestionada por el gobierno.