Un grupo de cien pasivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la llamada “ley de salvataje”, impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada en julio por el Parlamento.
El cuestionamiento apunta a la retención adicional que la norma establece sobre las jubilaciones. Según explicó el abogado representante de los pasivos, Óscar López Goldaracena, se trata de una medida que “viola una infinidad de principios y normas constitucionales, además de disposiciones del Derecho Internacional”.
El jurista sostuvo que la jubilación es “el fruto de aportes realizados durante la vida activa” y que los beneficiarios ya tributan el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). “Ahora se genera una especie de Frankenstein jurídico: para pagar la pasividad, se descuenta de la propia pasividad”, afirmó.
López Goldaracena advirtió que el nuevo gravamen “no es aporte personal, ni patronal, ni un impuesto estatal” y que, en los hechos, se trata de una “obligación pecuniaria especial encubierta”, con costos que para los jubilados pueden oscilar entre 5.000 y 10.000 pesos mensuales.
El abogado señaló que la Suprema Corte podría demorar hasta un año en resolver el recurso, aunque apeló a la “sensatez” del sistema político para derogar la disposición antes de que se dicte sentencia. “No es la solución justa, tampoco es la solución legal”, remarcó.
