Según Movus, “el Poder Ejecutivo sigue ocultando la información” sobre lo que este acuerdo compromete en nombre de la ciudadanía.
A pesar de que desde la Secretaría de la Presidencia se afirmó que el acuerdo con HIF es “inocuo” y que “no hay compromisos”, el Poder Ejecutivo ha evitado hacer público el documento, lo que ha llevado a un fallo judicial en su contra. El gobierno fue condenado a pagar una multa de 20 Unidades Reajustables diarias, unos 35.000 pesos uruguayos, por incumplir con la sentencia. Para Movus, este incumplimiento es una prueba de que las autoridades están actuando “en secreto” y sin brindar acceso a información que es de interés público, en este caso sobre un proyecto de alcance ambiental.
La falta de transparencia en torno al acuerdo se suma a otros casos recientes que también han generado controversia. En palabras de Movus, el gobierno ya ha negociado contratos bajo un “proceso secreto”, como los de “Montes del Plata y UPM”, acuerdos firmados también sin divulgar los detalles públicamente, según sostienen desde la organización. Movus critica que ahora se está “negociando en secreto” de una manera similar con HIF, lo que plantea serias dudas sobre los compromisos asumidos y su impacto ambiental en el país.
En cuanto a la sentencia que condena al gobierno por incumplimiento, se confirmó que el juez mantuvo “en todo su sentencia original” y habilitó la apelación del fallo, que pasará al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. Este tribunal ya tiene en estudio otro caso polémico: el proyecto de agua potable Neptuno en Arazatí, que el gobierno también impulsó sin transparencia en la negociación y ante las dudas de posibles daños ambientales.
Movus se pregunta: “¿Por qué el gobierno se empeña en ocultar lo que contiene el documento que firmó con HIF?”, expresando su preocupación por los riesgos y compromisos potenciales de este acuerdo para Uruguay.
