El Gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte ha cesado o recibido la renuncia de 382 prefectos provinciales y distritales en 24 regiones del país andino, en los últimos 15 días.
En Ayacucho, un departamento del centrosur del país que es gobernador por Carlos Rúa (fundador del movimiento político MusuqÑan), el Ministerio del Interior despidió a 57 funcionarios. En esta región, se desarrollaron algunas de las protestas con más convocatoria en contra de la destitución de Pedro Castillo, dejando 10 muertos y 72 heridos, entre el 15 y 16 de diciembre.
En tanto, en el céntrico Junín, de Zósimo Cárdenas, del Movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, la cartera de Gobernación cesó a un total de 41 prefectos provinciales y distritales. En este departamento, las fuertes movilizaciones y la respuesta de los agentes estatales ocasionaron tres fallecidos y 52 lesionados.
En la resolución directoral Nº 403-2022-IN-VOI-DGIN, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de diciembre, se informó sobre el despido de 177 subprefectos distritales de 11 departamentos.
En Perú, estos funcionarios tienen un rol político, alejado de la implementación de políticas públicas, como el otorgamiento de los permisos para las marchas o manifestaciones, por lo que usualmente son vistos con recelo.
Funciones
En el caso del prefecto regional, tiene a su cargo informar a la Dirección de Autoridades Políticas la situación de los conflictos sociales, de la coordinación con rondas campesinas y organizaciones sociales, así como apoyar en las acciones de defensa civil y gestión de riesgo de desastres.
Por ley, el prefecto regional busca promover el diálogo entre autoridades y organizaciones sociales. También ejecuta acciones de prevención relacionadas al otorgamiento de garantías en concentraciones públicas y espectáculos para evitar cualquier afectación al orden público.
En el caso de los subprefectos provinciales, designan y remueven a los tenientes gobernadores, y reciben y atienden quejas contra los subprefectos distritales.
Críticas
En este contexto, en el Congreso peruano se han discutido iniciativas para eliminar el cargo de los prefectos regionales, subprefectos provinciales y subprefectos distritales.
El congresista Eduardo Castillo Rivas, del derechista Fuerza Popular, propuso modificaciones a una iniciativa para que estos servidores no ejerzan representación del presidente, ni del Poder Ejecutivo y que tampoco puedan utilizar el presupuesto asignado para fines proselitistas.
Rubén Vargas Céspedes, quien fue ministro del Interior por dos semanas durante el Gobierno interino de Francisco Sagasti (noviembre de 2020-julio de 2021), criticó que los prefectos y subprefectos ejerzan labores «distorsionadas» y terminen por servir como soporte político para los gobernantes de turno.
«Hay funciones y responsabilidades que no les corresponden realizar a los prefectos y subprefectos del país, cumplen un rol más político a favor del gobierno de turno«, dijo Vargas Céspedes durante una sesión de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, en octubre pasado.
«No se trabajan políticas públicas del Ministerio del Interior y muchas de las designaciones no son las más adecuadas«, criticó Vargas Céspedes.
En tanto, la congresista Elizabeth Taipe Coronado, del izquierdista Perú Libre, defendió el rol de esos funcionarios, al argumentar que contribuyen a manejar los conflictos sociales y que son un puente de diálogo entre la sociedad y las autoridades.
Tras las distintas resoluciones directorales emitidas, las autoridades políticas cesadas deberán presentar las declaraciones juradas de bienes, rentas e intereses
