Perú extiende el estado de emergencia en Lima, Puno, Cusco y otras provincias

La Fiscalía de Perú ha informado que 329 ciudadanos han sido detenidos.

El Gobierno de Perú ha emitido el decreto que extiende el estado de emergencia en los departamentos de Cusco, Lima y Puno, la provincia de Callao y otras regiones ante el aumento de las protestas que recorren todo el país contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

La medida ha sido publicada esta noche en una edición extraordinaria del boletín oficial del Estado, El Peruano, y entrará en vigor a partir de hoy 15 de enero y se prolongará durante los siguientes 30 días. Además de las regiones mencionadas, el estado de emergencia se ha declarado también en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios, y en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua.

También, la medida ha incluido cinco carreteras nacionales, la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cuzco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánico Sur. Por otra parte, la norma también ha extendido por término de diez días el toque de queda en el departamento de Puno, desde las 20.0 a las 04.00 (hora local).

Respecto a las operaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el Gobierno ha indicado que esta participación se encuentra regulada por los decretos legislativos 1186 y 1095, los cuales se refieren al uso de la fuerza por parte de las autoridades.

La Fiscalía de Perú ha informado este viernes de que 329 ciudadanos han sido detenidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron en diciembre de 2022, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. El Ministerio Público peruano ha indicado que los arrestados -entre los que se encuentra un menor de edad- están siendo investigados por haber presuntamente haber cometido “delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos”. Por otro lado, ha indicado que, entre los meses de diciembre y enero, la Fiscalía ha abierto ocho investigaciones por las muertes que se han registrado en el marco de las protestas, con el objetivo de determinar la responsabilidad de las mismas. Asimismo, el ministerio ha confirmado que, por el momento, el balance de víctimas es de 42 fallecidos -41 civiles y un agente de Policía- y 531 heridos -355 civiles y 176 policías-.

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