Perú: Trece trabajadores de una empresa contratista de la minera Poderosa fueron encontrados muertos dentro de una mina en Pataz, en el noroeste de Perú, tras haber sido secuestrados días antes por grupos armados vinculados a la minería ilegal. El hallazgo se produjo luego de un operativo de búsqueda encabezado por la Policía Nacional.
Las víctimas pertenecían a una compañía que brindaba servicios a Poderosa, una de las principales mineras del país, cotizante en la Bolsa de Valores de Lima. En los últimos meses, esta empresa ha sido blanco recurrente de organizaciones criminales que operan en torno a la extracción ilegal de oro, una actividad que alimenta una red multimillonaria de lavado de activos.
Pataz, ubicada a unos 900 kilómetros de Lima, permanece bajo estado de emergencia desde febrero debido a la creciente ola de violencia relacionada con la fiebre del oro. Según cifras de Poderosa, ya son 39 las personas asesinadas en este contexto, entre empleados, trabajadores artesanales y colaboradores de la empresa.
«Los cuerpos fueron recuperados esta madrugada por la Policía, tras intensas labores de búsqueda. Los responsables son mineros ilegales coludidos con bandas criminales», indicó la minera en un comunicado. Ante este hecho, el gobierno de Dina Boluarte desplegó unidades especializadas en crimen organizado y facultó a los agentes a utilizar sus armas de fuego si fuera necesario.
La masacre ha generado una fuerte reacción en la opinión pública. “Queremos justicia, que esto no se quede allí nomás”, exigió Abraham Domínguez, padre de una de las víctimas, desde la ciudad de Trujillo, donde familiares esperan el traslado de los cuerpos a la morgue.
Respuesta oficial
El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, afirmó que se tomarán medidas más firmes para recuperar el control del territorio: “Lo que está pasando en Pataz es inaceptable. Los vamos a atrapar a todos”.
Por su parte, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos, se reunirá este lunes con la presidenta para buscar soluciones concretas. “Me duele lo que pasa en mi pueblo. Si me meten preso o me matan, el único responsable será el gobierno central”, declaró.
Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú detectó operaciones sospechosas por más de 8.241 millones de dólares vinculadas a la minería ilegal. La violencia desatada en torno a esta actividad ilegal continúa cobrando vidas y desafiando la capacidad del Estado peruano para garantizar la seguridad en regiones estratégicas para la economía nacional.
