Plan Nacional de Seguridad Pública se construirá a través del diálogo con todos los actores

Los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad son un tema permanente sobre la mesa y transcurriendo el primer año de una nueva administración de gobierno, es uno de los que espera por respuestas. En este contexto, el Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, y el Asesor de gobierno sobre seguridad pública, Soc. Emiliano Rojido, expusieron en la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, donde presentaron los lineamientos de la nueva estrategia nacional de seguridad pública, convocando a un diálogo nacional y cuestionaron el enfoque punitivo de las últimas décadas.

“La Policía Nacional tiene un compromiso cotidiano con la seguridad”, expresó pero criticó el camino que se ha seguido en materia penal desde hace 30 años. “Se han creado más delitos, se han aumentado penas, se ha cambiado el nombre a figuras penales y se ha apostado a la cárcel como la única solución. Eso es lo que yo llamo pensamiento mágico”. En ese sentido reflexionó que “tenemos que asumir que nos equivocamos y buscar caminos alternativos. Y eso es lo que propone esta gestión”, sostuvo.

A continuación expusieron las prioridades de la actual administración de la cartera, que proponen un cambio profundo en la política de seguridad pública.

Homicidios

Negro inició hablando de la reducción de los homicidios: “Tenemos que aplicar soluciones de prevención, de disuasión y de represión que sean aplicadas a cada uno de esos tipos de homicidio. No es lo mismo un femicidio que un homicidio cometido por una cuestión relativa al tráfico de drogas”. En esa línea, Rojido informó que se está dando continuidad al programa “Barrios Sin Violencia”, basado en el modelo internacional Cure Violence, y que se trabaja con el programa “Más Barrio”, en territorios vulnerables.

Además, se impulsa una represión focalizada contra individuos y grupos más violentos, así como una mejora en los servicios de atención a víctimas de la violencia armada, incluyendo asistencia médica y protección de testigos. En cuanto a combatir la impunidad, anunciaron que mejorar la investigación es esencial, especialmente en los delitos más graves.

Armas

Ante el crecimiento del número de armas ilegales en la sociedad, informó que “se estima que hay más de un millón de armas en manos civiles”, siendo la tenencia de muchas de ellas de forma ilegal. Que “una vez que están en circulación, erradicarlas es extremadamente difícil”. En medio de una situación de “epidemia de violencia” en el país,  indicó que, “para bajar la tasa de homicidios, se deben aplicar medidas para reducir la cantidad de armas en circulación en el país”.

Como respuesta, Rojido detalló que se está avanzando en un plan de control de armas que incluye la revisión y mejora de registros administrativos, la restricciones al porte de armas en espacios públicos, campañas de entrega voluntaria de armas y una propuesta de reforma legislativa para endurecer los requisitos de acceso.

Sistema penitenciario

Otra de las situaciones abordadas es la del sistema penitenciario, que se ha puesto en discusión ante el aumento de personas privadas de libertad, la falta de plazas y su funcionamiento. “Tenemos un sistema penitenciario absolutamente desbordado”, expresó, con 16.700 personas privadas de libertad. A su vez, analizó que “casi el 50% de la gente que está en calle ha pasado por el sistema carcelario, y su forma de tramitar los conflictos y la convivencia es propia de la gente que estuvo privada de libertad”.

En conclusión Negro anunció que se realizará una reforma del sistema penitenciario “profunda y a largo plazo”, para lo que se seguirán los lineamientos propuestos en el “Libro blanco”. Esta prevé mejorar los procesos de clasificación y diagnóstico de las personas privadas de libertad, fortalecimiento de las estrategias de reinserción social, planes intensivos de inspección y requisas en cárceles, y revisión del diseño institucional del Instituto Nacional de Rehabilitación y de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. El plan, según informó,  será presentado el jueves 27 de junio a la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento.

En este contexto, Rojido expresó que “sabemos muy poco de las personas privadas de libertad. Necesitamos datos, evidencia y estudios serios para intervenir sobre historias de vida, muchas veces, atravesadas por traumas y exclusión. Hemos recurrido a fórmulas efectistas: más penas, más policías, más cárceles. Pero eso no ha resuelto nada. Nos falta profesionalización y una comunidad académica que investigue profundamente este fenómeno”.

Hacia un nuevo Plan Nacional de Seguridad

Negro en la disertación habló de la elaboración, mediante un equipo técnico de alto nivel y basado en evidencia científica, de un Plan Nacional de Seguridad Pública. Su construcción se caracterizará por fomentar el diálogo con todos los actores: gobierno, partidos políticos, academia, sociedad civil y organizaciones sociales. Afirmó que el gobierno encabezado por Yamandú Orsi “ha puesto como norte de sus políticas públicas la prevención”. Este plan contará con financiamiento del Presupuesto Nacional y de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.

En ese sentido, cuestionó la idea de que la seguridad sea una competencia exclusiva del Ministerio del Interior: “Eso es injusto y reduccionista. La seguridad es una función constitutiva del Estado y debe ser abordada desde múltiples agencias y con la participación de toda la sociedad”.

Ante el conocimiento de que el “30% de los delitos se denuncian”, anunció que entre las herramientas clave está la reactivación del Observatorio de Criminalidad y la implementación de encuestas de victimización, que permitirán conocer la realidad más allá de las cifras oficiales. “Necesitamos información confiable y validada para tomar decisiones eficaces”, expresó. Además, se continuará con el uso y desarrollo de tecnología como cámaras, tobilleras y drones, la expansión de la Policía Comunitaria Orientada a Solución de Problemas (PCOP), y la revisión y potenciación del programa PADO.